Pasaron tres meses desde que la diputada provincial Stella Maris Huczak (PRO–La Unión Mendocina) presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley para crear la figura del Defensor del Niño, Niña y Adolescente. Sin embargo, la propuesta aún no tuvo tratamiento legislativo. No fue debatida en comisiones ni incorporada al temario de sesiones. A pesar del freno, este viernes la legisladora volvió a impulsar el tema a través de una entrevista institucional difundida por el canal de comunicación oficial de la Cámara de Diputados.
El texto, que busca crear un organismo autónomo con facultades administrativas y judiciales para intervenir en defensa de los derechos de la infancia, permanece en estado de espera. Mientras tanto, los argumentos que lo justifican se hacen cada vez más urgentes: Mendoza sigue registrando altos índices de pobreza infantil, situaciones de violencia y falta de acceso a derechos esenciales como salud, educación y alimentación.
“La niñez mendocina necesita una figura que la represente y actúe ante cada situación de vulneración. Este proyecto no es contra nadie: es a favor de los chicos”, explicó Huczak, militante “pro vida” y quien también destacó que la iniciativa busca cumplir con el artículo 48 de la Ley Nacional 26.061, que invita a las provincias a designar un defensor especializado.
Una figura prevista en la ley nacional, pero ausente en Mendoza
La propuesta establece que el Defensor o Defensora cuente con autonomía funcional y autarquía financiera, y que su designación surja de un mecanismo participativo. El cargo podría ser propuesto por el Ejecutivo, ONGs, fundaciones o entidades religiosas, y cada postulación se sometería a un proceso de impugnación pública y evaluación legislativa. También se contemplan defensores adjuntos y un informe anual obligatorio ante la Legislatura.
Además, el proyecto se articula con la implementación de la llamada Ley Lucio (Ley Nacional N° 27.709), que crea un plan federal de capacitación obligatoria en derechos de la niñez para funcionarios del Estado.
El Defensor tendría facultades para inspeccionar instituciones públicas y privadas, iniciar acciones judiciales, recomendar medidas a otros organismos y asesorar a familias. Todo con el fin de “promover el desarrollo integral y la protección efectiva de cada niño, niña y adolescente en el territorio provincial”, según plantea la legisladora.
Aunque fue anunciado con fuerza en marzo, el proyecto parece haberse disuelto en la rutina legislativa. Ni siquiera figura entre las prioridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales o de Derechos y Garantías. “Esperamos que la Cámara le dé pronto el debate que merece”, insistió Huczak esta semana.
Mientras tanto, Mendoza sigue sin una figura pública que concentre la representación legal y política de la infancia en un contexto de múltiples vulnerabilidades. La ley nacional lo habilita. La situación lo exige. Pero por ahora, el cargo de Defensor del Niño en Mendoza sigue siendo solo una idea en papel.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
