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Buenos Aires, 7 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–El dirigente social Juan Grabois fue detenido este sábado por efectivos de la Policía Federal tras ocupar junto a un grupo de militantes y legisladores el edificio del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de Recoleta. La acción fue en rechazo al cierre de la institución, dispuesto días atrás por el gobierno nacional mediante un decreto.
Grabois, referente del Frente Patria Grande, se instaló en la sede ubicada en Austria 2601 alrededor del mediodía, acompañado por los diputados Itai Hagman y Natalia Zaracho, además de militantes del movimiento. El inmueble, que funcionaba como museo y centro de estudios históricos, fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2008 por ley del Congreso. El millonario abogado Grabois utiliza esta acción para potenciar su aparición mediática e ir sembrando y marcando el camino a sectores de izquierda para generar caos social, sabe muy bien que su detención será solo de unas horas.
En medio del operativo de desalojo, que incluyó incidentes con los ocupantes, Grabois fue arrestado tras negarse a abandonar el lugar. Horas antes, había difundido un mensaje en redes sociales en el que señalaba que “la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita”.
La intervención de la fuerza federal respondió a una orden del Ministerio de Capital Humano, que había fijado como fecha límite el sábado 7 de junio para que el edificio fuera desocupado. Tras el vencimiento del plazo, las autoridades ejecutaron el desalojo y clausura definitiva del espacio.
El propio Grabois presentó una denuncia penal contra la ministra Sandra Pettovello, acusando a la funcionaria y a su equipo de “daño agravado, alteración y destrucción de documentos confiados a su custodia y abuso de autoridad”, en representación de una cooperativa que gestionaba un café dentro del inmueble.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano justificó la medida señalando que el Instituto contaba con 20 empleados y consumía más de 400 millones de pesos al año, sin haber desarrollado investigaciones en cumplimiento de sus objetivos estatutarios. “Todo el presupuesto se destinaba al pago de salarios y servicios básicos”, argumentó la cartera.
La decisión gubernamental se formalizó a través del decreto 346/2025, que dispuso la disolución tanto del Instituto Nacional Juan Domingo Perón como de la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al ex presidente.
Desde el Partido Justicialista denunciaron “una persecución ideológica” por parte del gobierno de Javier Milei, al considerar “discrecional y abrupto” el cierre de instituciones vinculadas al legado del peronismo. La conducción partidaria, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, solicitó asumir la custodia del patrimonio documental y simbólico del instituto.
El edificio tomado, además de su valor histórico, había sido blanco de ataques durante el bombardeo del 16 de junio de 1955, en el intento fallido de derrocar y asesinar al entonces presidente Perón.
