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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 12 de junio de 2025 – Total News Agency (TNA) – A 24 horas del violento ataque al edificio de ARTEAR, donde funcionan los canales TN y El Trece, la investigación judicial dio un giro alarmante: fueron identificadas cuatro personas más que participaron activamente en los hechos, entre ellos un exfuncionario de Wado de Pedro en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La revelación expone la gravedad institucional del episodio y refuerza las preocupaciones sobre la influencia política que aún mantiene la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por corrupción, y la necesidad de extremar criterios en el análisis de un eventual régimen de prisión domiciliaria.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que uno de los implicados es José Lepere, quien ocupó el cargo de secretario de Interior durante la gestión de Eduardo “Wado” de Pedro, en el Ministerio del Interior. Lepere, además de ser dirigente de La Cámpora en el distrito bonaerense de Almirante Brown, cuenta con amplio conocimiento del funcionamiento del sistema de seguridad nacional, lo que agrava su presunta participación en un hecho de estas características.
La noche del ataque, Lepere fue registrado por cámaras de seguridad ingresando al edificio de ARTEAR, tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que le impone seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Junto a él fueron identificados Facundo Lococo, Matías Federici y Rubén Ezequiel Pavón, también militantes de La Cámpora y estrechamente ligados al concejal de Almirante Brown, Juan De Bandi.
Los investigadores aseguraron que los cuatro hombres fueron plenamente reconocidos y se encuentran evaluando presentarse ante la Justicia. La fiscalía interviniente definirá en las próximas horas si avanzará con citaciones o pedidos de detención.
El ataque, que tuvo lugar el mismo día del fallo judicial, fue ejecutado con presicion por un grupo encapuchado que, luego de concentrarse frente al domicilio de la expresidenta en San José y Humberto Primo, se desplazó a pie hasta la sede del canal sobre la calle Lima. Allí forzaron el ingreso, destruyeron vehículos en el estacionamiento, rompieron vidrios, televisores y robaron bicicletas. La agresión ocurrió tras vulnerar al personal de seguridad, dejando en evidencia un operativo planificado y con alto grado de violencia.
Este episodio no puede analizarse como un hecho aislado. Revela la persistencia de estructuras partidarias organizadas, capaces de actuar violentamente para ejercer presión política o judicial, incluso tras un fallo de la Corte Suprema. La vinculación directa de un exfuncionario con capacidad operativa y relaciones internas en el Estado con un ataque de estas características, representa una amenaza grave al orden institucional y a la libertad de prensa.
En este contexto, resulta imperioso que la Justicia evalúe con rigor la posibilidad de conceder prisión domiciliaria a Cristina Kirchner. El reciente ataque demuestra que la exmandataria conserva poder e influencia operativa a través de agrupaciones como La Cámpora, y mantiene vínculos con figuras dispuestas a generar desestabilización para favorecer su situación judicial.
La opción de que cumpla su condena en su departamento de la calle San José 1111 en CABA no sólo pondría en riesgo su propia seguridad, sino también la de vecinos y periodistas, como se evidenció con las manifestaciones y disturbios recientes. La posibilidad de arengas desde el balcón, marchas permanentes, intentos de rescate organizados por sus seguidores o incluso un atentado, como el que se evitó en septiembre de 2022, no puede ser descartada. Por otro lado y no menos importante, se debe garantizar el cumplimiento de la condena en un entorno de introspección. Esto sería el único camino para que asuma y recapacite sobre la sanción por los crímenes cometidos desde la posición más elevada que un ciudadano puede ocupar.
Por ello, es que, de concederse la prisión domiciliaria, esta debe ser cumplida en una zona alejada de los centros de poder y de influencia política, como El Calafate donde la ex Presidente cuenta con una mansion alejada del el ejido urbano. Este destino permitiría un monitoreo más eficaz por parte del Servicio Penitenciario, minimizaría los riesgos de agitación social y crearía un contexto propicio para el cumplimiento real de la pena, tal como lo exige el Código Penal y el sistema democrático. La actual custodia de Kirchner debe ser apartada inmediatamente dado que se sabe, su jefe de custodia el Comisario Diego Carbone, es mas un intimo amigo que policia, y podria ser utilizado, o conminado a favorecer una fuga. Son muchos los secretos que los unen, incluso de negocios, como el mismo reconocio en un video donde junto al ex gobernador de San Juan, dice “la plata que robamos con este” . Esa relacion sin duda se forjo gracias al respaldo de la rea.
Además, debe considerarse que la expresidenta cuenta con contactos internacionales de alto nivel, incluyendo mandatarios autoritarios como Nicolás Maduro, Vladimir Putin, Miguel Díaz-Canel o Xi Jinping, o mas peligroso aun, con la Republica Islamica de Iran, con la que firmó un pacto para ocultar evidencias sobre los autores del atentado a la AMIA en 1994, lo que genera preocupación sobre un eventual intento de fuga o pedido de asilo político, dado su caudal económico y su capacidad de gestión internacional.
El juzgado de ejecución tiene la responsabilidad de garantizar no solo la ejecución efectiva de la condena, sino también la seguridad del entorno, la integridad de la condenada y la protección del sistema institucional argentino. Los hechos recientes demuestran que las condiciones para cumplir la pena en su domicilio actual no están dadas.
La justicia tiene ahora la palabra. Pero el mensaje es claro: el poder político no puede estar por encima de la ley.
