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Buenos Aires, 26 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA –El juez federal Jorge Gorini respondió con dureza a los intentos de legisladores kirchneristas de ingresar libremente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, bajo arresto domiciliario desde hace semanas, sin contar con la autorización judicial correspondiente. En una resolución contundente, calificó de “manifiestamente impertinente” la solicitud y recordó que la ex mandataria está sujeta a estrictas condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) como parte del régimen que le permite evitar la prisión común.
El planteo judicial surge luego de que un grupo de diputados y senadores de Unión por la Patria comunicara su intención de visitar a la ex presidenta en su departamento de San José 1111 sin someterse a los procedimientos fijados por la Justicia. Los legisladores argumentaron que, por su rol institucional, tienen derecho a acceder a la ex vicepresidenta sin restricciones, alegando razones políticas y de representación democrática.
Ante esta postura, el juez Gorini reiteró que toda persona que no figure en el listado de visitas previamente autorizado por la defensa de Cristina Kirchner y registrado ante el tribunal, debe solicitar permiso formal. El magistrado recalcó que los privilegios institucionales invocados no eximen a los legisladores del cumplimiento de las normas judiciales vigentes. “Todo el que no esté en ese listado debe requerir una habilitación para ingresar”, subrayó en su resolución.
Gorini también cuestionó el fondo del planteo de los legisladores, indicando que su pedido buscaba forzar una decisión judicial sobre “circunstancias futuras” y sin información concreta, lo cual definió como improcedente. Asimismo, envió los escritos presentados por los senadores y diputados a los abogados defensores de la ex presidenta, replicando el mismo procedimiento aplicado ante más de mil correos electrónicos recibidos en el tribunal con pedidos similares.
En su presentación ante el TOF 2, los legisladores del peronismo argumentaron que la figura de Cristina Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, y su relevancia histórica en la política nacional, justificaban un régimen de acceso distinto al del resto de las personas. Señalaron que su imposibilidad de reunirse libremente con ella “afecta la labor parlamentaria” y constituye una “restricción a los derechos constitucionales”.
Sin embargo, desde el TOF 2 se mantuvo la línea adoptada en la resolución del 17 de junio pasado, que impone condiciones de conducta claras para el beneficio de arresto domiciliario. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ratificaron que sólo familiares directos, médicos, abogados y custodios, previamente informados y aprobados, pueden visitar a la ex presidenta sin autorización judicial específica. Para el resto, rige la necesidad de solicitud formal canalizada a través de los defensores legales de la interna.
El trasfondo de esta controversia coincide con una etapa clave del proceso judicial. El próximo 7 de julio se realizará una audiencia ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, donde los camaristas Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos deberán analizar el régimen de visitas impuesto a la ex mandataria.
La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, cuestionó las restricciones y argumentó que el régimen domiciliario no debería incluir controles sobre quién puede o no acceder al departamento. Sin embargo, los magistrados del TOF 2 consideran que la supervisión judicial es parte sustancial del cumplimiento de la pena, especialmente ante el volumen y la naturaleza de las visitas solicitadas.
En medio de un clima político cada vez más crispado, la resolución de la Cámara de Casación podría sentar un precedente respecto a los alcances reales del arresto domiciliario y la relación entre inmunidades institucionales y mandatos judiciales. Mientras tanto, la advertencia del juez Gorini funciona como un recordatorio claro: Cristina Kirchner se encuentra formalmente detenida y las reglas del proceso penal no admiten excepciones políticas.
