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Miami, 26 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA –Una sesión de la Comisión del Condado de Miami-Dade derivó este jueves en un escándalo institucional tras la expulsión forzada de la activista Camila Ramos, quien fue arrastrada por agentes del orden luego de intentar expresar su rechazo a un acuerdo entre el sistema penitenciario del condado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El incidente se produjo durante una sesión en el Centro Stephen P. Clark, cuando la comisión debatía una modificación al acuerdo de cooperación con ICE, requerido por una nueva ley estatal en Florida. La propuesta, respaldada por la alcaldesa demócrata Daniella Levine Cava, incluye cláusulas de reembolso para reclusos locales alojados en cárceles del condado mientras se gestiona su deportación.
En un clima ya caldeado por las críticas de organizaciones de derechos civiles y sectores progresistas, la situación se desbordó cuando el presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, advirtió que, de presentarse futuras objeciones públicas durante la sesión, se cancelaría la posibilidad de volver a hablar sobre el tema si llegara a votarse más adelante. Fue en ese contexto que Camila Ramos, de 36 años, se acercó al estrado e intentó pedir una aclaración sobre los criterios de participación. En ese momento, un agente vestido de civil le ordenó que se callara.
Ramos se negó a abandonar su lugar sin antes hacer uso de su derecho a réplica. La reacción fue inmediata: varios agentes de la oficina del sheriff del condado intervinieron, arrastrándola a la fuerza fuera del recinto. En su camino fue arrojada al suelo, impactó contra un cartel y luego fue empujada por el vestíbulo hasta ser confinada en una oficina anexa. El hecho fue registrado por periodistas y ciudadanos presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas a lo que fue percibido como un uso desmedido de la fuerza.
Mientras algunos asistentes protestaban por el trato recibido por Ramos, otros fueron desalojados o forcejeados por agentes de seguridad, generando una caótica escena sin precedentes desde que la comisión local acordó por primera vez, durante el gobierno de Donald Trump, colaborar con las políticas migratorias federales a través del sistema carcelario.
Camila Ramos, una reconocida activista de derechos civiles, fue posteriormente liberada. Su abogado adelantó que presentarán una demanda por uso excesivo de la fuerza y violación a la libertad de expresión. “Fue un acto de censura grosero, arbitrario y claramente intimidatorio contra una ciudadana que intentaba ejercer sus derechos civiles en un espacio público”, declaró.
La modificación del acuerdo con ICE también ha encendido la alarma entre defensores de migrantes. Una de las principales preocupaciones es la falta de transparencia: organizaciones han advertido que el nuevo esquema podría dificultar el acceso a información sobre detenidos bajo custodia, facilitando prácticas de “desaparición administrativa” de migrantes.
Desde la administración del condado rechazaron esas acusaciones, alegando que las restricciones sobre acceso a registros ya están previstas en legislación federal, y que el nuevo acuerdo se limita a alinearse con la normativa estatal.
La alcaldesa Levine Cava defendió su decisión argumentando que la ley la obliga a firmar el acuerdo. “Esto no es una elección política, es una imposición legal”, dijo ante los comisionados, aunque reconoció que “no refleja necesariamente la voluntad de este cuerpo”.
El hecho volvió a abrir el debate sobre el impacto de las leyes migratorias de Florida y el nivel de autonomía que conservan los gobiernos locales frente al endurecimiento del marco normativo impulsado desde Tallahassee. Mientras tanto, las imágenes de Ramos siendo arrastrada por el suelo ya se han convertido en símbolo de una jornada de alta tensión institucional en el sur de Florida.
