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Buenos Aires, 28 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA-El fiscal federal Diego Luciani advirtió al Tribunal Oral Federal N°2 sobre una posible maniobra del empresario Lázaro Báez para desprenderse de parte de su fortuna antes de que se concrete el decomiso de bienes dispuesto en la sentencia del caso Vialidad, en la que también fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La alarma se encendió el martes 24 de junio, cuando Claudia Noemí Insaurralde —pareja de Báez— lo visitó en la cárcel de Río Gallegos con un “escrito de poder” a su nombre y documentación vinculada a propiedades del empresario. Según registraron los agentes penitenciarios, Insaurralde pretendía que Báez firmara esos documentos, pero se le impidió ingresar el material por no seguir el canal judicial correspondiente.
Luciani sostuvo en una presentación ante el tribunal que “existen elementos suficientes para sospechar que Báez se disponía a celebrar actos jurídicos susceptibles de entorpecer la orden de decomiso”. El fiscal interpretó el episodio como un intento de vaciamiento patrimonial, en el marco de una condena que ordena recuperar al Estado más de \$84.835 millones, monto que podría ascender hasta USD 550 millones al ser actualizado.
Desde el entorno de Báez rechazaron esta acusación. Afirmaron que la visita de Insaurralde respondía únicamente a la necesidad de incorporar nuevos abogados a la defensa del empresario, ante la inminente salida del país del letrado Juan Villanueva. Según esa versión, Insaurralde actuaba con un poder otorgado en 2020 por el propio Servicio Penitenciario Federal en la cárcel de Ezeiza. Alegaron que solo se buscaba firmar designaciones profesionales, las cuales finalmente fueron remitidas al Tribunal Oral Federal N°4, que condenó a Báez en la causa de “La Ruta del dinero K”.
Sin embargo, fuentes judiciales precisaron que al tribunal solo llegaron designaciones de abogados, pero no el supuesto poder. Esta falta de documentación alimentó las sospechas de Luciani, quien el pasado 26 de junio presentó un escrito de “pronto despacho” pidiendo celeridad en la ejecución del decomiso.
La preocupación del Ministerio Público no se limita a los bienes de Báez. Los fiscales Luciani y Sergio Mola apuntaron también contra el patrimonio de la expresidenta Fernández de Kirchner. Aunque en 2016 cedió sus bienes a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, la Justicia considera que esas transferencias no impiden el decomiso, por tratarse de maniobras que buscan resguardar activos obtenidos ilícitamente. Entre los bienes involucrados se cuentan 40 propiedades, hoteles, vehículos, tierras en El Calafate y USD 6 millones hallados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner.
En un duro escrito, los fiscales remarcaron que la magnitud del daño causado por la corrupción en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015 fue “inconmensurable y sin precedentes”, afectando derechos fundamentales de millones de argentinos, especialmente los sectores más vulnerables. “Los recursos desviados impidieron la concreción de 51 obras y debilitaron la capacidad del Estado para atender necesidades básicas como salud, educación, vivienda y justicia”, señalaron.
Asimismo, Luciani y Mola solicitaron ampliar los embargos ya existentes hasta cubrir el total del perjuicio. En el caso de Cristina Kirchner, pidieron embargar fondos cedidos a su hija Florencia, incluyendo USD 5.696.144,91 y ARS 53.280,24 en el Banco Galicia. En cuanto a Báez, exigieron embargos sobre sus empresas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla, Gotti S.A., Loscalzo y Del Curto, y sobre bienes involucrados en concursos o procesos sucesorios.
Los fiscales subrayaron la “función reparatoria del decomiso”, recordando el precedente de María Julia Alsogaray, y advirtieron que la falta de acción rápida enviaría un mensaje nocivo a la sociedad: que aun condenados, los corruptos pueden conservar lo robado. “No convalidaremos una situación semejante. Nuestro deber funcional es asegurar la devolución del dinero desapoderado por los responsables”, enfatizaron.
La sentencia del caso Vialidad recayó sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, y otros siete exfuncionarios y empresarios, entre ellos José López, Nelson Periotti y Julio De Vido. El pedido fiscal, actualmente en análisis por el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, exige al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema que acelere la valuación de los activos.
El avance del decomiso se perfila así como una nueva batalla judicial clave para el futuro de la causa Vialidad y para el intento de recuperación de los bienes derivados de lo que la fiscalía define como “la mayor trama de corrupción estatal en democracia”.
