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Nueva York, 30 de junio de 2025 – Total News Agency (TNA) – La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes que la República Argentina transfiera el 51 por ciento de las acciones de YPF a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, como parte de la ejecución del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012.
La medida se da en el marco del juicio que condenó al Estado argentino a pagar 16.100 millones de dólares, más intereses, por haber nacionalizado YPF sin haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios. Con el devengamiento de intereses diarios de aproximadamente 2,5 millones de dólares, el monto total de la deuda ya supera los 17.000 millones de dólares.
La jueza Preska dispuso que la transferencia se realice en un plazo de 14 días a través de una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon, desde donde los títulos serían puestos a disposición de los beneficiarios.
En paralelo, el gobierno argentino presentó este mismo lunes un recurso ante la Corte Comercial de Londres, solicitando la suspensión de la ejecución del fallo en esa jurisdicción. La defensa del país alegó que no existen activos disponibles en el Reino Unido y que la ejecución podría provocar un perjuicio irreparable a la soberanía y al interés público.
Los fondos demandantes fueron respaldados financieramente por Burford Capital, una firma especializada en litigios internacionales. El juicio se basa en el argumento de que Argentina, al tomar control de YPF en 2012, violó el estatuto societario de la empresa, al no ofrecer comprar las acciones restantes en poder de los inversores privados.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había recomendado a la jueza evitar ordenar la transferencia directa de activos soberanos, citando principios de inmunidad estatal. Sin embargo, Preska desestimó esa recomendación y avanzó con la orden.
La decisión representa un golpe de gran magnitud para el país sudamericano, que no solo enfrenta la pérdida de control de su principal empresa energética, sino también un precedente jurídico que podría dificultar su acceso a los mercados internacionales de crédito.
Argentina aún cuenta con instancias de apelación en el ámbito judicial estadounidense, mientras en el plano político y diplomático se analizan acciones para evitar la concreción de la medida.
