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Nueva York, 30 de junio de 2025 – Total News Agency – TNA–En un nuevo capítulo del extenso y controvertido juicio por la expropiación de YPF, la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó este lunes a la República Argentina ceder el 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte de pago de la sentencia dictada en septiembre de 2023, que condenó al país sudamericano a indemnizar con más de US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park, quienes reclaman compensaciones por las irregularidades cometidas en el proceso de estatización de la compañía iniciado en 2012.
El caso tiene como origen el anuncio de expropiación realizado el 16 de abril de 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien impulsó una ley —que entró en vigor el 7 de mayo de ese año— para declarar de interés público el 51% de las acciones de YPF, hasta entonces en manos de Repsol. Ese paquete accionario quedó sujeto a expropiación y fue ocupado temporalmente por el Estado. La operación se completó en 2014 con una compensación a Repsol de US$5000 millones en bonos soberanos.
Sin embargo, el conflicto judicial se originó porque, según alegan los demandantes, la Argentina —a través de sus interventores en YPF, el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof y el ministro de Planificación Julio De Vido— no cumplió con las condiciones establecidas en el estatuto societario de la petrolera, al omitir la obligatoria Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el resto de los accionistas privados. Kicillof defendió públicamente la decisión, argumentando que “los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.
La cadena de eventos se agravó cuando, tras la estatización, la familia Eskenazi —titular de las compañías Petersen Energía e Inversora, que habían adquirido en 2008 el 25% de YPF mediante préstamos bancarios garantizados con dividendos— dejó de recibir utilidades, entró en cesación de pagos y finalmente quebró. El síndico de su quiebra cedió los derechos del litigio al fondo Burford Capital, que presentó la demanda en 2015.
En junio de ese mismo año, el fondo Eton Park, otro accionista minoritario que había adquirido un 3% de YPF en 2010, también demandó al país y a la compañía por el mismo motivo. A pesar de los intentos de la defensa argentina por rechazar las demandas y limitar las jurisdicciones, la causa avanzó en Nueva York.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Preska responsabilizó al Estado argentino, pero eximió a YPF como persona jurídica. Posteriormente, el 15 de septiembre de ese año, fijó el monto de la indemnización: US$16.099 millones, más intereses. La Argentina apeló ante la Corte del Segundo Circuito en febrero de 2024, argumentando la improcedencia de la sentencia y cuestionando tanto el fondo como la forma del proceso.
Sin embargo, los fondos litigantes intensificaron sus esfuerzos para avanzar con el cumplimiento de la sentencia. A comienzos de 2024 solicitaron embargos preventivos y medidas cautelares para asegurar el cobro, apuntando a activos soberanos, reservas del Banco Central, propiedades diplomáticas y hasta los derechos sobre la represa de Yacyretá.
En ese contexto, la jueza Preska ya había obligado al Estado argentino a entregar información sensible, incluida la ubicación del oro argentino en el exterior y detalles sobre el vínculo operativo y financiero del Gobierno con empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. Los fondos sostienen que esas entidades son “alter ego” del Estado y, por tanto, susceptibles de embargo.
La decisión emitida hoy representa el punto más crítico hasta el momento: la magistrada ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF —aquellas mismas que fueron estatizadas en 2012— a los beneficiarios del fallo. Esta medida, de concretarse, implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal compañía energética del país, que posee activos estratégicos en Vaca Muerta y representa uno de los pilares del desarrollo energético nacional.
Desde Buenos Aires, fuentes del Gobierno argentino adelantaron que buscarán frenar la ejecución de la sentencia mediante un recurso de urgencia ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. No obstante, analistas legales consideran que el margen de maniobra es limitado, dado el estado avanzado del litigio y la contundencia del fallo.
La controversia tiene además una dimensión política interna. El expediente implica directamente a Cristina Kirchner y al actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, señalados por los demandantes como los responsables de haber omitido las obligaciones de la OPA, lo que ahora derivó en un juicio de alto costo económico para el Estado.
La pérdida potencial del 51% de YPF no solo afecta al Tesoro argentino, sino que podría impactar en la conducción de la empresa y en la confianza de los inversores en la seguridad jurídica del país. Expertos del sector energético alertan que, en caso de concretarse el traspaso accionario, la soberanía sobre los recursos estratégicos quedaría comprometida.
