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Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 1 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-La reciente elección comunal en la localidad santafesina de Melincué ha vuelto a poner en evidencia las contradicciones estructurales de la política argentina: un dirigente que hasta una semana antes de los comicios se encontraba detenido por un proceso judicial por fraude y estafas fue elegido por mayoría para ocupar nuevamente la jefatura comunal. Se trata de Silvio Garbolino, quien tras pagar una fianza logró recuperar su libertad y ganó las elecciones con el 50,62% de los votos.
Garbolino, representante local de La Libertad Avanza, enfrenta un proceso judicial impulsado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Se lo investiga por presuntas maniobras fraudulentas durante su anterior gestión al frente de la comuna. La causa, aún en etapa de instrucción, derivó en su detención preventiva, medida que fue levantada una semana antes de las elecciones tras un cambio en la calificación legal de los hechos imputados.
Pese a no haber podido participar plenamente de la campaña electoral, Garbolino fue autorizado por la Junta Electoral a presentarse como candidato. Su victoria, aunque legalmente habilitada, generó un fuerte revuelo en el ámbito político provincial y reabre el debate sobre los niveles de tolerancia social frente a casos de corrupción. La candidata opositora, Yamila Galisso, del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, quedó apenas por debajo con el 49,38% de los votos.
El caso no es aislado. Por el contrario, representa una postal de una problemática estructural que atraviesa a la política argentina desde hace décadas: funcionarios sospechados, procesados o incluso condenados que logran conservar o recuperar el poder a través del voto popular. Esta situación evidencia una sociedad políticamente anestesiada frente a la corrupción, en la que los escándalos judiciales no necesariamente se traducen en sanción electoral.
La repetición de crisis económicas, el descreimiento en las instituciones y la impunidad persistente de gran parte de la dirigencia política han erosionado la confianza de los ciudadanos y del mundo inversor en el sistema democrático argentino. Casos como el de Garbolino, o incluso la posibilidad de que figuras nacionales como Cristina Fernández de Kirchner —procesada y condenada y con varias causas— vuelvan a presentarse como candidatas, son signos de un deterioro cultural profundo. Si bien CFK esta inhibida para ejercer cargos, podría volver a digitar otro candidato, o como busca imponer, lograr algún tipo perdón, dado que muchos así lo creen. Nada es seguro.
“La sociedad está enferma”, y el diagnostico no es caprichoso. Pero más grave aún: fue sistemáticamente enfermada a través del ejemplo de impunidad, de corrupción premiada, de liderazgos que resisten a la ética pública y se refugian en la legalidad formal para continuar operando políticamente. En este contexto, la falta de castigos firmes —ni políticos, ni judiciales— envía una señal clara al resto del mundo: Argentina no es un país confiable para desarrollar proyectos de largo plazo, el caso YPF y sus vínculos con peronistas en el gobierno como Daniel Scioli o Guillermo Francos segun explica Alvaro de Lamadrid y muchos otros, generan espanto en el exterior. El autócrata Gildo Insfran acaba de ganar otra elección en Formosa.
En declaraciones a medios provinciales, la defensa de Garbolino afirmó que el dirigente es inocente y que buscará demostrar en sede judicial la legalidad de su gestión previa. Sin embargo, al escándalo por su candidatura y elección se sumó una nueva denuncia por presunto fraude electoral durante la jornada de votación. El propio Garbolino fue nuevamente detenido por esta acusación, aunque las autoridades aún no brindaron detalles sobre el alcance del nuevo expediente.
Pese a este nuevo episodio, la Junta Electoral ratificó la validez del proceso y la regularidad del escrutinio, por lo que Garbolino podrá asumir como jefe comunal mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El caso, ya instalado en la agenda política santafesina, no solo expone la desconexión entre ética y legalidad en la política argentina. También obliga a una reflexión más amplia sobre el rol del votante, la cultura cívica y la falta de consecuencias reales ante la corrupción. En definitiva, una democracia sin el abuso de autoridad o corrupción como límites claros termina abonando el terreno para que la impunidad se institucionalice. Y es en ese terreno donde germinan las razones más profundas de la desconfianza interna y externa hacia el futuro del país.
