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Neuquén, 3 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-Una inusual situación se produjo esta semana en el Istmo de Mari Menuco, provincia de Neuquén, donde el Ejército Argentino debió solicitar autorización a la comunidad mapuche Kaxipayiñ para desplegar un operativo militar de entrenamiento en territorio que forma parte de la soberanía nacional. La maniobra, que involucró a más de 80 efectivos y 17 vehículos, se realiza entre el 30 de junio y el 4 de julio, y consiste en ejercicios lacustres sin uso de armas de fuego ni explosivos.
El pedido de permiso fue formalizado mediante una nota remitida por el Comando de la VI Brigada de Montaña, a cargo del teniente coronel Pablo Conforte, quien se reunió con referentes mapuches para acordar las condiciones de ingreso a los terrenos reclamados por el grupo Kaxipayiñ. Según la comunidad, el Ejército “mostró buena predisposición” en una negociación calificada como “tensa” pero finalmente consensuada.
La situación ha encendido señales de alerta por lo que representa: un Ejército nacional que requiere consentimiento de un grupo que reivindica territorialidad sobre zonas que nunca fueron habitadas ancestralmente por comunidades mapuches, originarias de Chile y con llegada reciente a la región andino-patagónica. Esta cesión tácita de soberanía genera preocupación sobre el rol del Ministerio de Defensa y el gobierno nacional, que hasta el momento no ha emitido ninguna declaración al respecto.
El operativo incluye la instalación y navegación de una compuerta tipo M4T6, el uso de botes de asalto y vivac en la zona, sin empleo de armas. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén celebraron el gesto del Ejército y lo calificaron como “ejemplar”, e instaron al gobierno provincial a replicar el protocolo de “consulta previa, libre e informada” en otras áreas, como las concesiones petroleras en Vaca Muerta.
La referencia apunta directamente al gobernador Rolando Figueroa, a quien acusan de permitir avances de empresas como YPF sin aplicar la Ley Provincial 3401, sancionada en 2023, que exige el consentimiento indígena en caso de afectar territorio comunitario. La comunidad mapuche reclama, además, derechos de escrituración sobre áreas en disputa, como el proyecto La Angostura II, lo que ha generado choques legales y políticos con el Estado.
El caso revela un preocupante debilitamiento institucional: mientras las fuerzas armadas deben someter sus movimientos a la aprobación de actores que desafían la integridad territorial, el Ministerio de Defensa permanece ausente. Su titular, más enfocado en foros internacionales como los encuentros en Washington, no se ha expresado sobre una situación que roza lo insólito y que compromete directamente la soberanía nacional.
El Ejército, encargado de custodiar el territorio, ha quedado envuelto en un esquema legal y político en el que la autoridad estatal se diluye ante actores que avanzan con respaldo ideológico y vacío legal. Las maniobras continuarán hasta el viernes, pero el debate de fondo excede el ejercicio: ¿puede una fuerza armada nacional operar dentro de su propio país sin autorización de grupos con reclamos territoriales que no tienen sustento histórico ni jurídico? La pregunta, por ahora, permanece sin respuesta.
