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Buenos Aires, 4 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA--Mientras Vaca Muerta consolida su posición como una de las principales reservas de gas no convencional del mundo, Argentina enfrenta una paradoja energética: aunque el país cuenta con recursos para autoabastecerse por más de 30 años, debe importar gas natural licuado a valores hasta tres veces superiores al costo local. El problema no es la falta de producción, sino la carencia de infraestructura adecuada para transportar el gas desde las cuencas productivas hasta los centros de consumo y exportación.
El faltante de gas, que afecta tanto al consumo residencial como a la industria y la generación eléctrica, tiene su raíz en la interrupción y demora de obras clave que permitirían capitalizar el potencial energético nacional. La situación genera una presión adicional sobre las reservas internacionales del Banco Central, en un contexto de escasez crónica de divisas.
Al asumir la presidencia, Javier Milei anunció la paralización total de la obra pública. Esta decisión afectó directamente la finalización de plantas compresoras destinadas a duplicar la capacidad del gasoducto Néstor Kirchner, así como el inicio de la segunda etapa de su traza hasta San Jerónimo, en Santa Fe, y la reversión del Gasoducto Norte, proyecto indispensable para abastecer al noroeste argentino ante el colapso del suministro proveniente de Bolivia.
El cuello de botella del Gasoducto Norte
Hasta el año pasado, el norte del país recibía gas boliviano en volúmenes acordados en un contrato original por 36 millones de metros cúbicos diarios. Sin embargo, Bolivia actualmente entrega apenas una sexta parte de ese compromiso. Su producción en declive y la priorización del mercado brasileño, que paga más por el recurso, agravaron la situación.
En respuesta, el gobierno nacional decidió continuar la obra de reversión del Gasoducto Norte, fundamental para llevar gas desde Vaca Muerta al norte del país. Pero su ejecución avanza con extrema lentitud. Tras múltiples postergaciones en las licitaciones, solo se ha realizado una soldadura en más de cuatro meses. El proyecto, financiado por la CAF con un presupuesto de 700 millones de dólares y sin impacto fiscal, permitiría un ahorro anual de 3.000 millones de dólares en importaciones.
La reversión incluye tres obras principales: un tendido de 123 kilómetros entre Tío Pujio y La Carlota, la ampliación de 62 kilómetros del Gasoducto Norte y la reconfiguración de cinco plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta.
El gasoducto Néstor Kirchner, obra inconclusa
Otro frente crítico es la falta de avance en la finalización del gasoducto Néstor Kirchner. Las plantas compresoras que permitirían duplicar la capacidad actual del ducto —pasando de 11 a 24 millones de metros cúbicos diarios— quedaron paralizadas con un 80% de avance al finalizar la gestión anterior. El costo estimado para completar la obra es de apenas 50 millones de dólares. En contraste, el gobierno debió pagar más de 500 millones de dólares en importaciones de gas licuado debido a la insuficiencia en la red interna.
El segundo tramo del gasoducto —524 kilómetros entre Salliqueló (Buenos Aires) y San Jerónimo (Santa Fe)— también fue suspendido. Esta extensión permitiría interconectar con el Gasoducto Norte y mejorar la capacidad exportadora hacia Brasil. No obstante, ningún actor privado ha mostrado interés en financiar el proyecto, como pretende el gobierno bajo su modelo de infraestructura 100% privada. Expertos señalan que, lejos de ser un modelo viable, en países como Chile solo el 15% de las obras públicas son financiadas por el sector privado.
Costos evitables por falta de planificación
Cecilia Gariboti, exsubsecretaria de Planificación Energética y directora de la Fundación Encuentro, afirmó que la inversión en infraestructura es “siempre más barata que pagar importaciones”. Según explicó, el gobierno tuvo tres caminos: terminar las obras y lograr el autoabastecimiento con gas local, planificar la importación a alto costo, o dejar sin cobertura a familias e industrias, como se deslizó desde el entorno de la canciller Diana Mondino.
El caso del gas argentino expone una vez más la importancia de la planificación energética de largo plazo. Con recursos disponibles, tecnología y mercados externos interesados, la falta de decisiones concretas y la paralización de proyectos estratégicos convierten una oportunidad estructural en una crisis recurrente. La escasez de gas no es un problema de reservas, sino de decisiones políticas.
