Washington, 4 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-La reciente elección de la disidente cubana Rosa María Payá como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el respaldo de 20 países en la Asamblea General de la OEA, volvió a poner en evidencia la politización del organismo, según críticos y analistas regionales
Señales de un órgano en crisis
La CIDH, creada con el mandato de proteger los derechos según la Convención Americana, ha sido acusada de ceder ante intereses políticos. Comisionados como el guatemalteco Stuardo Ralón y el colombiano Carlos Bernal Pulido —quienes privilegiaban el rigor probatorio y apego al texto legal— fueron sistemáticamente derrotados al aspirar a cargos de mayor responsabilidad interna .
Bernal ha denunciado obstáculos internos vinculados a la Secretaría Ejecutiva, que impide a comisionados el acceso libre a expedientes y forzó decisiones ideologizadas, sin el concurso de evidencia suficiente o argumentación sólida. También propuso reformas, como plazos acotados para respuestas estatales, acceso público a expedientes y primacía de las autoridades colegiadas, frente a la burocracia administrativa .
La elección de Payá: ¿cambio ?
Payá, hija del opositor Oswaldo Payá —muerto en un accidente atribuido al régimen cubano por la CIDH— obtuvo el cargo con el impulso directo de Estados Unidos, liderado por el senador Marco Rubio. Su llegada generó reacciones opuestas: organismos disidentes cubanos la celebraron como “una voz independiente con resultados palpables”, mientras gobiernos como el de Cuba la tildaron de “mercenaria” y acusaron a Estados Unidos de presión económica y política. Si Cuba la cuestiona, es una buena elección
Una CIDH atrapada entre activismo y objetividad
Las ONG que actúan con influencia dentro de la CIDH han sido acusadas de operar con motivaciones ideológicas: reclaman medidas urgentes solo contra ciertos gobiernos (Venezuela, Cuba, Nicaragua), mientras critican a otros con similar o mayor contundencia. En este contexto, tres comisionados —Ralón, Bernal y la panameña Gloria Monique De Mees— reclamaron revertir esa línea, apelando a la jurisprudencia interamericana y la evidencia verificable .
Para ellos, el activismo cuando reemplaza el debido proceso no solo debilita las instituciones que busca proteger, sino que socava la credibilidad y la legitimidad de la CIDH. El problema no es la defensa de poblaciones vulnerables, sino el desequilibrio entre “activismo” y técnica jurídica imparcial.
¿Qué sigue? Necesidad de reformas urgentes
La elección de Payá no alteró la correlación interna: la coalición que vetó a Bernal mantiene mayoría. Desde Estados Unidos, la administración de Donald Trump incluyó en su paquete de sanciones la redefinición del apoyo financiero a la OEA, vinculándolo a cambios concretos en la CIDH .
Expertos coinciden en que los Estados miembros deben condicionar sus aportes a la CIDH a las siguientes reformas:
- Transparencia plena: acceso público a expedientes, cronograma claro y seguimiento ciudadano.
- Equilibrio institucional: primacía de los comisionados en decisiones sustanciales y reguladas.
- Apoyo técnico: retorno al enfoque de la Convención Americana como guía central, no a la agenda política de grupos externos.
Solo con estas medidas se podrá restaurar la neutralidad y eficacia que salvaguardan el estado de derecho en la región. Un organismo sin imparcialidad no solo compromete su credibilidad, sino que daña a quienes busca proteger.
