Argentina
España
USA
Israel
La Plata, 5 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA--La investigación por la masiva intoxicación con fentanilo contaminado, que provocó al menos 53 muertes en hospitales y clínicas de distintas provincias argentinas, destapó una compleja red de vínculos entre empresarios farmacéuticos, operadores judiciales, funcionarios políticos y figuras del mundo mediático. En el centro del escándalo se encuentra el empresario Ariel García Furfaro, cabeza del clan García Furfaro, junto a sus hermanos Diego y Damián, propietarios de HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A. y la Droguería Alfarma S.R.L.
La investigación judicial, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, ambos militantes de La Cámpora—, se aceleró con 19 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, plantas farmacéuticas y oficinas ligadas a la estructura societaria del grupo. Los procedimientos arrojaron hallazgos relevantes: armas sin papeles, medicamentos no registrados, documentación crítica en sedes no habilitadas y elementos informáticos que podrían probar desvíos hacia el mercado ilegal de estupefacientes.
Una red de poder transversal
Ariel García Furfaro forjó durante años una vasta red de vínculos con figuras del oficialismo, la oposición, el Poder Judicial, empresarios y periodistas. Entre sus contactos políticos figuran el gobernador de Chubut Ignacio Torres (PRO), con quien fue vinculado a través de su abogado Gastón Marano —quien viajó en el avión privado de García—; y el gobernador de Catamarca Raúl Jalil, a quien accedió por medio de su hermano, Andrés Jalil, influyente en el sector salud de esa provincia.
García también mantuvo reuniones en su laboratorio con el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico, y recibió la visita del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, quien acudió a HLB Pharma por última vez en diciembre de 2023. El ministro es hermano del juez Kreplak, que ahora lleva la causa.
Uno de los nexos más delicados es el de Freddy Lijo, operador y hermano del juez federal Ariel Lijo —actual candidato a la Corte Suprema propuesto por el Gobierno de Javier Milei—. Freddy Lijo solía acudir a la planta de San Isidro para retirar fentanilo destinado a caballos de carrera y compartía con García la afición por la equitación. Se los vio juntos frecuentemente en el Hipódromo de San Isidro y en almuerzos en el exclusivo restaurante 1000 Rosa Negra.
Otro actor clave en la trama es José María “El Vasco” Olazagasti, exsecretario privado de Julio De Vido, hoy procesado en la causa Cuadernos. Olazagasti gestionaba contratos para la droguería Alfarma con hospitales públicos. Las negociaciones continuaban en una dirección de la calle Arias al 4100, hoy un salón de belleza, donde también funcionó la consultora C&O, vinculada a su hermano Nicolás Olazagasti.
Seminarios, jueces y fiscales
Para afianzar relaciones con el poder judicial, el abogado Sebastián Nanini —exapoderado del PJ bonaerense, exabogado de Lázaro Báez y de su exesposa Norma Calismonte— organizó un seminario internacional sobre ciberdelito en Washington en 2023. Viajaron con él Ariel García, Gastón Marano y una comitiva que incluyó a los jueces Javier López Biscayart, Alfredo Gusman, Ricardo Mianovich, Alejandro Maraniello, María Florencia Budiño, Martín Poderti, Roberto Minguillón, y a los fiscales Patricio Sabadini y Marcelo Martínez Burgos. También participaron funcionarios como Ulises Giménez, secretario del Jurado de Enjuiciamiento, y el senador bonaerense Eduardo Bucca.
No todos tenían relación directa con García, pero el evento evidenció el esfuerzo sistemático por construir vínculos con jueces y fiscales de distintas jurisdicciones.
El papel del abogado Marano
El abogado Gastón Marano, exasesor de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso y defensor de uno de los acusados por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, se convirtió en una pieza fundamental del andamiaje legal de García Furfaro. No solo fue el articulador de contactos con el gobierno de Chubut, sino que también actuó como gestor ante la ANMAT, donde tuvo contratos como “asesor externo”. Su rol fue clave para mantener operativas las plantas farmacéuticas a pesar de múltiples alertas sanitarias.
De verdulero a magnate farmacéutico
García Furfaro, con antecedentes penales y estudios de abogacía cursados en prisión, militó en Kolina, agrupación que lidera Alicia Kirchner, y fue conocido por un emprendimiento de venta de verduras “a precios más baratos que el INDEC K”. En pocos años pasó de ese negocio a adquirir HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y droguerías como ABC1 y Alfarma, esta última clave para canalizar la venta de medicamentos al Estado.
Su ascenso coincidió con alianzas estratégicas con empresarios como Jorge Salinas, procesado por Norberto Oyarbide en la causa de la mafia de los medicamentos, y vinculado también al tráfico ilegal de efedrina. Juntos intentaron posicionar a HLB Pharma como proveedor de 25 millones de vacunas Sputnik V en acuerdo con Cristina Kirchner, quien lo recibió en audiencia privada en el Instituto Patria en abril de 2024.
También mantuvo vínculos con el sindicalista y empresario mediático Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, a quien aportó capital para la adquisición de medios como Radio Continental, Los 40 Principales y el canal IP Noticias. García incluso facilitó, a título simbólico, la casa de Maradona en Devoto al excandidato porteño Roberto García Moritán, quien compartía espacio político con Fernando Burlando.
El “negocio redondo” y las muertes
El circuito de comercialización cerraba con Alfarma, adquirida en 2020. A través de ella se canalizaban las ventas a gobiernos provinciales y municipales. En José C. Paz, bastión de Mario Ishii, se aprobó una ordenanza que autorizó una compra directa de $1.400 millones en medicamentos a HLB Pharma. Allí apareció nuevamente Nanini, quien anunció haber adquirido la firma justo antes de estallar el escándalo. Su rol como abogado de Báez, del PJ y de la municipalidad, lo vincula de forma directa al entramado.
HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron clausurados tras detectarse ampollas contaminadas con Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, en el lote 31202 de fentanilo, cuya trazabilidad se investiga. La ANMAT, que ya tenía abiertos 267 expedientes contra las firmas, denunció penalmente el hecho.
Allanamientos posteriores revelaron medicamentos escondidos en depósitos de Cables Epuyén (otra firma del clan), camiones con fármacos ploteados con el nombre de una empresa alimenticia (3Arroyos), y documentación dispersa en domicilios de directivos y responsables técnicos, como Carolina Ansaldi, Daiana Astudillo, María Victoria García, Antonio Maiorano y Andrea Silvana Chierasco.
La justicia aceptó como querellantes al Hospital Italiano de La Plata, donde murieron 15 pacientes, y al Ministerio de Salud de la Nación. Mientras tanto, la hipótesis de que parte del fentanilo contaminado haya sido desviado al narcotráfico internacional no está descartada.
El caso fentanilo ya es, por su dimensión, una de las tramas más oscuras y reveladoras de la connivencia entre el poder político, judicial, empresarial y mediático en la Argentina contemporánea. Las muertes siguen sin justicia. Y los vínculos, aún sin romperse.
