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Buenos Aires, 6 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –-El Gobierno nacional enfrenta una semana cargada de tensiones, en un escenario atravesado por la presión de los gobernadores para obtener más fondos y el impacto de la reciente escalada del dólar, que amenaza con profundizar la inflación en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas.
Los gobernadores provinciales avanzan en el Congreso con la presentación de proyectos que buscan garantizar mayores transferencias de recursos, ante lo que consideran un incumplimiento por parte de la administración nacional. Exigen, principalmente, la coparticipación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y una nueva regulación para el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estimando que hay una masa de fondos cercana a los $6 billones que debería destinarse a las provincias.
La embestida de los mandatarios provinciales se intensificó luego de una frustrante reunión con representantes del Gobierno, donde sólo se les ofrecieron $300 millones, lejos de los $3 billones que reclamaban. “El milagro fue unirnos a todos en contra”, ironizó uno de los jefes provinciales tras ese encuentro.
Desde la Casa Rosada, en tanto, la respuesta fue tajante. El presidente Javier Milei ratificó su compromiso con el déficit cero y desestimó cualquier redistribución que comprometa ese objetivo. Según su visión, el ajuste debe hacerse sobre la estructura del Estado nacional y no sobre recursos que pertenecen a las provincias.
Los gobernadores, sin embargo, no solo apelan al reclamo institucional sino también al poder político que ostentan en el Congreso, donde tienen peso decisivo a través de sus legisladores. La presentación de los proyectos relacionados con la coparticipación del ICL y los ATN funciona además como una herramienta de presión: si fueran aprobados por ambas cámaras, el oficialismo difícilmente contaría con los votos necesarios para vetarlos.
Este contexto es aprovechado por bloques opositores críticos del Gobierno, como el kirchnerismo y sectores disidentes de la UCR, que impulsan iniciativas contrarias a la línea del Ejecutivo, incluyendo el financiamiento universitario y la emergencia presupuestaria del Hospital Garrahan, previstas para su debate en comisión esta misma semana.
En este clima de confrontación, el oficialismo se ve obligado a repensar sus estrategias parlamentarias. Con perspectivas de apenas conservar entre 90 y 100 bancas tras las legislativas, Milei dependerá indefectiblemente del respaldo de los gobernadores para aprobar sus leyes o contener la avanzada opositora.
El dólar, la inflación y la incertidumbre del campo
En paralelo al frente político, el Gobierno enfrenta también turbulencias en el plano económico. En la última semana, el dólar trepó un 3,7% y cerró en $1260, una suba superior a la tasa de inflación mensual. Desde el Ejecutivo atribuyeron el salto al cobro del medio aguinaldo y al aumento de la demanda de divisas por viajes al exterior, aunque analistas advierten sobre causas más estructurales.
A la presión del tipo de cambio se suma la preocupación por una posible retracción en la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador. La reciente restitución de las alícuotas de retenciones sobre la soja y el maíz, luego de una baja transitoria, podría desalentar las ventas de granos, afectando la entrada de dólares en un momento clave.
Además, un informe del banco JP Morgan recomendó a los inversores reducir su exposición a bonos en pesos de cara a las elecciones, lo que provocó una migración hacia activos en dólares, generando aún más presión sobre la divisa norteamericana.
Pese a estas señales, algunos economistas consideran que el impacto en la inflación podría ser acotado, debido a factores como la escasa emisión monetaria, la retracción del consumo y el rezago de los aumentos salariales. Sin embargo, el Gobierno observa con inquietud cualquier movimiento del dólar que pueda afectar sus principales objetivos económicos.
El escenario, tanto en el frente fiscal como en el cambiario, configura una semana compleja para la administración libertaria, en un momento de alta sensibilidad política y económica.
