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Buenos Aires, 9 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-La aparición pública de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde el balcón de su domicilio en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria tras su condena por corrupción en la causa Vialidad, volvió a encender la polémica por las notorias prebendas de las que goza la dirigente peronista en contraste con el trato que reciben decenas de militares mayores detenidos en cárceles comunes abarrotados y sin la atención medica adecuada.
Este sábado, en coincidencia con el Día de la Independencia, la ex mandataria volvió a interrumpir la tranquilidad del barrio al salir al balcón de su departamento ubicado en San José 1111. Desde allí saludó a los militantes kirchneristas que se congregaron en la calle y encabezó, una vez más, una puesta en escena política con tintes de campaña. La convocatoria incluyó un festival cultural y discursos bajo la consigna “Argentina con Cristina”, en el marco de una estrategia nacional de visibilización política pese a su condena ratificada por la Corte Suprema.
Como es habitual, la ex presidenta volvió a emitir un mensaje grabado en el que lanzó duras críticas al gobierno actual, al que acusó de protagonizar “un verdadero problema estructural” y llamó al peronismo a “volver” al poder “como ya lo hemos hecho una y mil veces”. Las declaraciones fueron interpretadas como una provocación política en el contexto de una condena firme, lo que reavivó el malestar en sectores sociales y judiciales.
La escena, una vez más, puso en evidencia la disonancia entre los privilegios de los que goza Cristina Kirchner y el trato que reciben otros detenidos en el país, en particular los militares condenados por causas de las denominadas de lesa humanidad. Mientras la ex mandataria recibe visitas políticas, organiza actos partidarios y se muestra públicamente desde su domicilio con amplia cobertura, hay cientos de uniformados mayores —algunos superan los 90 — que continúan presos en cárceles sin condiciones adecuadas para personas de edad avanzada, ni acceso garantizado a atención médica. Hace pocos dias murió uno a los 100 años.
En lo que para muchos constituye una doble vara jurídica y humanitaria, organizaciones de familiares de presos políticos y sectores del ámbito militar denunciaron nuevamente la discriminación en el otorgamiento de beneficios de detención, señalando que, mientras a la ex presidenta se le permite militar desde su departamento en Constitución, ex agentes del Estado languidecen en pabellones comunes sin garantías de salud ni condiciones dignas. Estas juicios dejaron de ser por justicia y se transformaron en venganza.
Desde agrupaciones como Puentes por la Justicia y Unidos por la Verdad volvieron a exigir que se aplique el mismo criterio humanitario a todos los detenidos, independientemente de su filiación política, y calificaron como “vergonzosa” la impunidad selectiva que permite que una condenada por corrupción como Cristina Kirchner convierta su prisión domiciliaria en una plataforma de agitación y visibilidad política.
Mientras tanto, crece la indignación entre vecinos de Constitución, quienes aseguran que las constantes manifestaciones frente al edificio alteran la paz barrial y denuncian que la zona se encuentra “militarizada” con despliegues desproporcionados de fuerzas de seguridad cada vez que la ex presidenta decide reaparecer.
El caso de Cristina Kirchner vuelve a dejar en evidencia una grieta institucional profunda: la que separa a los detenidos con poder de aquellos que no tienen voz, y una justicia que parece actuar bajo criterios distintos según el nombre que figura en el expediente.
