Madrid, 10 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-Una sucesión de fallos en servicios básicos como el transporte, la energía, la seguridad y la gestión pública refuerza en España una extendida percepción de caos institucional, en medio de crecientes cuestionamientos a la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para gestionar las estructuras del Estado.
A más de cuatro décadas del célebre eslogan de Felipe González —“el cambio es que España funciona”— la sociedad española enfrenta la sensación opuesta: que España ha dejado de funcionar. Problemas persistentes en la red ferroviaria de alta velocidad, colapsos en aeropuertos, apagones eléctricos, demoras en el uso de fondos europeos y una política de vivienda sin resultados palpables han generado una pérdida de confianza que se refleja en encuestas y protestas ciudadanas.
Trenes paralizados y caos ferroviario
El último episodio tuvo lugar el lunes pasado, cuando 23 trenes con unos 15.000 pasajeros quedaron atrapados entre Yeles y La Sagra (Toledo) debido a un fallo en la catenaria. A este incidente se suma el caos del 4 de mayo, cuando un robo de cable —atribuido por el Gobierno a un acto de sabotaje, aunque luego se descartó— bloqueó la línea Madrid-Andalucía y afectó a 10.000 personas.
No son casos aislados. Los fallos en los trenes Avril con destino a Galicia, las interrupciones en Atocha y Chamartín por obras, descarrilamientos y problemas diarios en Cercanías han elevado las quejas de los usuarios. Las reclamaciones se han duplicado desde la pandemia, y los servicios de Renfe y Adif son foco constante de críticas. La oposición denuncia la caída de la inversión en transporte, que descendió del 0,84% al 0,66% del PIB en una década, colocando a España entre los últimos de Europa.

Colapso en Barajas y crisis aeroportuaria
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vivió el pasado 2 de julio una jornada crítica cuando el control de pasaportes de la Terminal 4 Satélite colapsó por falta de personal, dejando a unos 500 pasajeros varados. Solo ocho de los 16 puestos de control estaban operativos en horario pico.

El Ministerio del Interior atribuyó el caos a un fallo informático, pero el sindicato policial Jupol responsabilizó a la falta de planificación. Esta situación no es nueva: desde hace veranos se reportan cuellos de botella en los controles de Barajas, en un contexto de crecimiento récord del turismo. Para este verano, se espera un aumento del 6% en la oferta de asientos, con 246 millones previstos hasta octubre. La falta de inversión y planificación amenaza con replicar la crisis en aeropuertos como los de Palma, Barcelona y Canarias.
Un apagón que dejó en evidencia la red eléctrica
El gran apagón del 28 de abril expuso las fragilidades del sistema energético español. El Gobierno apuntó en primera instancia a un posible ciberataque, pero la investigación determinó una cadena de errores internos: mala programación por parte de Red Eléctrica, escaso respaldo gestionable y desconexiones indebidas de renovables.
La red demostró ser vulnerable, con normativas técnicas sin actualizar desde hace 25 años. El Ejecutivo aprobó luego un real decreto de urgencia y la CNMC modernizó el marco técnico, pero la crisis revitalizó el debate sobre el cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Varios países europeos están retomando o reforzando su apuesta nuclear, mientras España mantiene su calendario de clausura, a contramano del entorno.
Fondos europeos en riesgo por parálisis política
España es el segundo país más beneficiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea, con €163.000 millones asignados. Sin embargo, el Gobierno solo ha cobrado el 30% del total y sigue bloqueado en el cuarto pago.
Mientras Italia ya ha recibido el 73% de sus fondos, España acumula retrasos en reformas clave, como la Ley de Movilidad o la subida del impuesto al diésel. El quinto desembolso —solicitado en diciembre de 2024— podría recortarse hasta en €800 millones. Empresarios y sectores políticos temen la pérdida de hasta €20.000 millones si no se activan las reformas antes de agosto de 2026.
Política de vivienda estancada
La vivienda, que el Ejecutivo presentó como el “quinto pilar del Estado del bienestar”, enfrenta un balance desalentador. La ley sancionada para contener precios e imponer recargos a viviendas vacías no logró frenar la escalada del mercado. La preocupación ciudadana por el acceso a la vivienda aumenta mes a mes, y los efectos de las políticas implementadas son, según analistas, “prácticamente nulos”.
Un país que pierde funcionalidad
El 16% de los españoles reprueba el transporte público, según el CIS, y un 60% afirma que el Gobierno brindó escasas explicaciones por el apagón de abril. Las imágenes de caos en estaciones, aeropuertos y oficinas públicas se han vuelto recurrentes, alimentando una percepción colectiva de deterioro.
Frente a esta crisis de gestión, sectores del Gobierno buscan refugiarse en estrategias de polarización política para contener el descontento. Sin embargo, el desgaste institucional y la pérdida de eficacia estatal parecen instalarse como un problema estructural.