Bruselas, 7 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA –La Comisión Europea detuvo parte del quinto pago del Plan de Recuperación de España al considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez no cumplió con tres compromisos clave: la compensación de funcionarios interinos, la equiparación fiscal del diésel y el avance en la digitalización regional. Además, rechazó su aspirante al puesto de comisario europeo, considerado el “candidato estrella” del Ejecutivo, en un golpe político significativo. Duro golpe de Ursula von der Leyen
Bruselas concedió el pago bruto de 24.137 millones de euros —8.000 en subvenciones y 16.000 en préstamos— pero retuvo 1.100 millones. De ellos, 626 millones corresponden al incumplimiento en la compensación a interinos tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE; 460 millones por el aplazo de la reforma fiscal del diésel; y cerca de 40 millones por retrasos en la digitalización de administraciones autonómicas y locales.
El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, alertó de que la cuantía retenida no se pierde, pero España dispone de seis meses para subsanar los incumplimientos. Mientras tanto, Madrid recibe el tramo pendiente del quinto desembolso.
El Ejecutivo español defendió que ya han cumplido 82 hitos del plan y 41 objetivos, pero admitió el aplazamiento de algunos puntos por la falta de apoyo parlamentario, especialmente la equiparación fiscal al diésel, que no prosperó en el Congreso.
Este golpe económico llega en paralelo a otro revés político: la UE rechazó el nombramiento del candidato español más promovido dentro del Ejecutivo de Sánchez para un puesto en la Comisión Europea. Este rechazo se interpreta como una señal de advertencia de que el incumplimiento de compromisos financieros y estructurales tiene consecuencias directas en la influencia de España dentro del bloque comunitario.
Con cerca de 71.000 millones ya percibidos —el 70 % del total asignado de 163.000 millones—, España es el principal receptor de ayudas en la UE, por delante de Italia y Francia. No obstante, el recorte reciente y el fracaso político abren dudas sobre la capacidad del Gobierno para cerrar acuerdos y cumplir plazos en los próximos seis meses.
