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Buenos Aires, 13 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –El juez federal Sebastián Casanello confirmó que en el marco del esquema de contrataciones de seguros con organismos públicos durante el gobierno de Alberto Fernández se pagaron sobornos millonarios. La maniobra involucró el desvío de al menos $376.928.239 mediante cooperativas utilizadas como pantalla, y compromete a más de 30 imputados, entre ellos el expresidente Alberto Fernández, su secretaria personal María Cantero, el empresario Héctor Martínez Sosa —pareja de Cantero y amigo íntimo del exmandatario— y el exgerente de Nación Seguros Mauro Tanos.
Según la resolución judicial, una de las cooperativas involucradas, “7 de Mayo”, recibió $376.928.239, de los cuales $238.999.400 provinieron de la empresa San Ignacio, manejada por Martínez Sosa. La cooperativa no prestaba los servicios declarados (principalmente “catering”), y las transferencias bancarias se utilizaron como vía formal para el pago de coimas a funcionarios que direccionaban contratos desde dependencias del Estado nacional.
Uno de los funcionarios clave fue Mauro Tanos, que ingresó en Nación Seguros en 2021, durante el gobierno de Fernández, y fue ascendido a gerente general durante la gestión de Javier Milei, antes de ser desplazado al estallar el escándalo. Tanos recibió viajes a Miami para toda su familia, cuotas de un departamento en El Salvador al 4300, y usó fondos de las cooperativas para adquirir propiedades, vehículos de alta gama, plateas en el estadio de River Plate, y otros bienes. El empresario Alfredo Del Corro, también imputado, fue su operador financiero y actuaba como nexo con los empresarios aseguradores.
La causa tomó un giro decisivo cuando se analizaron los teléfonos de María Cantero, secretaria de Fernández desde los años ’80, cuyos mensajes con diversos interlocutores revelan cómo operaba la red desde el interior de la Casa Rosada.
En uno de los diálogos clave, Cantero le escribe a su pareja, Martínez Sosa:
- Cantero: “Gordito, acordate lo que le doy a mis chicos en la oficina. Xfa”
- Martínez Sosa: “Okkk. Te llevo el mes pasado y este”.
Las conversaciones también prueban que Cantero entregaba dinero en mano a dos funcionarios de Casa de Gobierno: Ariel Palmieri (Secretaría General de la Presidencia) y Hugo Paz (Casa Militar). Ambos fueron citados a indagatoria.
En otro intercambio del 6 de septiembre de 2019, Cantero escribe a Daniel Rodríguez, alias “El Gordo”, exintendente de la quinta de Olivos:
- Cantero: “Gordo, si no hacemos guita con esto somos unos pelotudos”.
- Rodríguez: “Esperemos no serlo”.
- Cantero: “Te estaba jodiendo con lo anterior”.
El 29 de octubre de 2019, dos días después del triunfo electoral de Fernández, Cantero volvió a escribirle:
- Cantero: “Queremos los seguros. Solo eso me importa de Manzur. Vos sos el que mejor relación tiene con él. Más que cualquiera. Es x nuestra PYME”.
La “PYME” a la que se refería Cantero era la estructura informal de negocios que integraba junto a su pareja, su hermana Viviana y, presuntamente, su hermano Sebastián, dedicado al rubro inmobiliario.
El juez Casanello fue contundente en su evaluación:
“Las cooperativas eran un eslabón central de esa ingeniería: ocultaban el origen del dinero, facilitaban la circulación de fondos y permitían su uso para fines personales. El vínculo entre Fernández, Cantero y Martínez Sosa excedía una relación laboral o de amistad: hubo trato directo, obsequios, flujos dinerarios y favores”.
Además de Cantero y Tanos, se encuentran procesados empresarios como Diego Nicolás Rosendi y Federico D’Angelo Campos, este último señalado como quien designó a dedo a San Ignacio como intermediaria en la póliza de ANSES.
Otro chat revelador entre Cantero y Rodríguez, del 7 de agosto de 2019, muestra cómo se planificaban contactos políticos en nombre de Martínez Sosa:
- Cantero: “Gordo, necesito dos favores para nuestra PYME. Se te va a acercar Roxana Bertone […] Otra es que ubiques a Melella, nuevo gob de Tierra del Fuego […] decile que sos como mi hno y también trabajás para Hecky (por Martínez Sosa)”.
El gobernador Gustavo Melella, según la investigación, otorgó a San Ignacio el control de las contrataciones de seguros provinciales. En julio de 2020, la firma firmó un contrato de asesoramiento que le permitió captar comisiones multimillonarias por todas las pólizas del Estado fueguino.
A pesar de la magnitud de las pruebas, Alberto Fernández fue procesado únicamente por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que tiene una pena de hasta seis años. Casanello evitó, por ahora, avanzar con figuras más graves como asociación ilícita o cohecho.
Con esta resolución, el caso de los seguros se consolida como uno de los más graves escándalos de corrupción de la última década, y expone cómo estructuras informales de confianza —como secretarías privadas y relaciones personales— se convirtieron en plataformas para el desvío sistemático de fondos públicos.
