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Por Dario Rosatti
Lima, 13 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –El Congreso de Perú aprobó esta semana, en segunda votación, una ley de amnistía que beneficiará a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa procesados o condenados por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. La medida, promovida como un gesto de reconciliación nacional, contrasta de manera significativa con la política judicial argentina, donde aún se mantienen encarcelados a militares de edad avanzada —incluso de hasta 100 años— por causas vinculadas al último gobierno militar de 1976, muchos de ellos sin la debida atención médica en cárceles que no están preparadas para alojar detenidos gerontes.
La norma peruana fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso con 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, y quedó lista para su promulgación. El proyecto, impulsado por el exjefe militar y legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), busca otorgar amnistía a efectivos de las fuerzas de seguridad y miembros de comités comunales de autodefensa que hayan sido denunciados, investigados o condenados por su participación en el combate a los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA.
Además, se establece una amnistía humanitaria para mayores de 70 años con condenas firmes, que permitirá su excarcelación inmediata. “Los militares presos que tienen más de 70 años se van a la calle. Los procesos abiertos se cierran”, afirmó el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y encargado de defender el dictamen.
Mientras Perú opta por cerrar heridas del pasado y buscar estabilidad institucional, en Argentina continúa una línea de acción judicial que reabre causas relacionadas con la dictadura militar, incluso medio siglo después, en muchas de ess causas se detectaron testimonios amaniados y falsos de supuestas victimas que habian sido adoctrinadas. El actual gobierno de Javier Milei, pese a su retórica de ruptura con el kirchnerismo, ha mantenido esta política sin cambios, siendo este el único aspecto en que coincide con los anteriores gobiernos de corte de izquierda.
En cárceles federales argentinas permanecen detenidos decenas de militares de más de 80 y 90 años, e incluso algunos han alcanzado los 100 años, muchos de ellos gravemente enfermos. Las unidades penitenciarias carecen de infraestructura y personal médico capacitado para brindar atención adecuada a detenidos de tan avanzada edad, lo que ha derivado en muertes por desatención o abandono sanitario, en condiciones incompatibles con los derechos humanos básicos.
La ley peruana, aunque cuestionada por organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —que sostienen que la amnistía podría favorecer la impunidad—, ha sido presentada por sus impulsores como una herramienta para dejar atrás décadas de enfrentamientos y avanzar hacia una pacificación definitiva. Se suma así a una norma similar sancionada en 2024, que declaró prescriptos los crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002, medida que benefició al fallecido expresidente Alberto Fujimori y a unos 600 militares.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto interno en Perú dejó unas 70.000 víctimas y más de 4.000 fosas clandestinas. A pesar de esa herida profunda, el país ha optado por una salida institucional que intenta equilibrar justicia, memoria y reconciliación. En contraste, Argentina parece mantener una visión unidireccional del pasado, judicializando exclusivamente una parte del conflicto, sin atender las consecuencias humanitarias de su política carcelaria en relación con adultos mayores.
El camino elegido por Perú evidencia una decisión de proyectar estabilidad hacia el futuro, mientras Argentina persiste en abrir causas del pasado que, lejos de cerrar grietas, las perpetúan.
