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Nueva York, 16 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concedió este martes una suspensión administrativa temporal que frena la orden judicial que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF, en el marco del litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de la petrolera en 2012.
La medida representa un alivio momentáneo para el gobierno de Javier Milei, que enfrentaba como fecha límite el 17 de julio para cumplir con la “Orden de Entrega” dispuesta el pasado 30 de junio por la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska.
La resolución judicial establece que esta suspensión tendrá efecto hasta que se analicen los argumentos de ambas partes en torno al pedido de una medida cautelar más amplia que detenga la ejecución del fallo mientras se resuelve la apelación de fondo.
Según consta en el documento judicial, los fondos demandantes deberán presentar su oposición a una suspensión prolongada antes del jueves 17 de julio. Luego, la Argentina tendrá plazo hasta el martes 22 para responder y fundamentar la necesidad de mantener vigente el freno a la ejecución durante todo el proceso de apelación.
Una vez recibidas las presentaciones, un panel de tres jueces será designado para analizar la situación y emitir una resolución, sin plazos estipulados para hacerlo. Si el tribunal accede a la solicitud argentina, la orden de entrega de acciones quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación contra el fallo de Preska, que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses por la estatización considerada irregular de la petrolera.
Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández y uno de los abogados que condujo la estrategia legal del Estado argentino por varios años, detalló en redes sociales los próximos pasos del proceso y advirtió que, de prosperar la apelación, el litigio podría extenderse hasta 2026.
La decisión de la Corte de Apelaciones da margen al gobierno argentino en medio de una situación jurídica y económica delicada. De no haberse otorgado esta suspensión temporal, el país podría haber enfrentado una nueva escalada judicial, incluida la posibilidad de ser declarado en desacato si incumplía con la entrega de las acciones en tiempo y forma.
El juicio por la estatización de YPF, iniciado por Burford Capital en representación de los herederos de la familia Eskenazi –que controlaba el 25% de la empresa al momento de su expropiación–, es considerado uno de los litigios financieros más costosos que enfrenta el Estado argentino en el exterior.
