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Buenos Aires, 17 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-La situación crítica que atraviesan las Fuerzas Armadas y de Seguridad Federales en la Argentina alcanzó un nuevo punto de alarma: entre enero y junio de este año, al menos 2.273 efectivos abandonaron sus funciones en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. La cifra no solo pone en evidencia un éxodo inédito de personal calificado, sino que refleja una degradación profunda en las condiciones laborales y sanitarias de quienes integran el frente activo contra la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.
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La responsabilidad política de esta crisis recae de manera directa en los ministerios a cargo del personal afectado: el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y el Ministerio de Seguridad, bajo la titularidad de Patricia Bullrich. Ambas carteras han sido señaladas por las asociaciones de suboficiales y por fuentes internas como ineficaces frente al deterioro salarial, la pérdida de prestaciones médicas esenciales y el creciente malestar psicológico en las filas.
El impacto es contundente: la Gendarmería Nacional sufrió 386 bajas, Prefectura Naval 322, la Policía Federal Argentina 412, la PSA 177 y el Servicio Penitenciario Federal 292. Por el lado de las Fuerzas Armadas, el Ejército perdió 257 efectivos, la Armada 234 y la Fuerza Aérea 193. En todos los casos, los que renuncian son, en su mayoría, jóvenes capacitados que, tras haber sido formados con un alto costo para el Estado, se ven empujados a abandonar la fuerza por no poder afrontar una vida digna, especialmente cuando son destinados a centros urbanos como Buenos Aires.
Uno de los factores más críticos detrás de este fenómeno es el colapso del sistema de salud de las fuerzas. El IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), que atiende a más de 600 mil afiliados, incluyendo militares, personal civil, retirados y familiares, se encuentra al borde del colapso operativo. En varias provincias, las prestaciones básicas como consultas con especialistas, estudios de diagnóstico y tratamientos médicos se encuentran suspendidas por falta de pagos a los prestadores. En paralelo, los afiliados continúan sufriendo descuentos mensuales que oscilan entre los 100 mil y 300 mil pesos en concepto de obra social, sin recibir contraprestación acorde.
Un suboficial retirado de la Fuerza Aérea relató que le descontaron este mes $200 mil de su haber, lo que representa el 8% de su ingreso, mientras que no puede acceder ni a turnos ni a medicación. La unificación de las obras sociales específicas de cada fuerza en una sola estructura (IOSFA), decidida por el Estado hace algunos años, fue calificada por numerosos testimonios como un “error garrafal” que llevó a la precarización sanitaria de los efectivos y sus familias.
En paralelo, el deterioro salarial no ofrece márgenes de maniobra. Los sueldos iniciales están muy por debajo de los costos de vida: un gendarme o marinero cobra alrededor de $728.000, mientras que un aspirante de la Policía Federal percibe $624.000. En algunos casos, los ingresos están incluso por debajo del salario mínimo, según denuncias realizadas por suboficiales en provincias como Salta, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Esto explica por qué muchos efectivos eligen migrar al sector privado o sumarse a policías provinciales, que en ciertos distritos ofrecen mejores condiciones.
La Asociación de Suboficiales Argentinos (ASUBA) envió recientemente una carta al ministro Petri en la que expresaron su “profunda indignación” por la falta de respuestas. “No hablamos de aspiraciones, hablamos de alquiler, de alimentación, de medicamentos, de hijos que no acceden a tratamientos y de camaradas que mueren esperando un reintegro”, advirtieron en el comunicado.
A esta crisis estructural se suma otro dato alarmante que ha comenzado a visibilizarse en los últimos años: el crecimiento sostenido de suicidios entre efectivos en actividad y retirados. Aunque no existen cifras oficiales sistemáticas, tanto familiares como agrupaciones vinculadas a las fuerzas alertan sobre una tendencia creciente de casos, muchas veces vinculados al estrés operativo, la falta de contención psicológica y la angustia por la precariedad laboral y médica.
La falta de respuesta efectiva por parte de los ministerios responsables ha comenzado a generar tensión interna en la cadena de mando y entre los cuadros intermedios, que advierten que la pérdida de personal capacitado compromete seriamente la capacidad operativa del país frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y los conflictos en zonas de frontera.
El “factor humano”, que es el principal activo en toda estrategia de seguridad nacional, está siendo desmantelado por una política de desinversión que amenaza con dejar desguarnecido al Estado en uno de sus frentes más sensibles. Si no se revierte esta tendencia, advierten desde las propias fuerzas, Argentina podría enfrentar en el corto plazo una crisis de seguridad de consecuencias profundas.
