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Buenos Aires, 18 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-En un nuevo avance dentro de su política de desestatización, el Gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), empresa encargada del abastecimiento de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien detalló que el Estado transferirá el 90% de las acciones de la compañía a capitales privados, bajo un esquema de licitación pública nacional e internacional.
La medida, que se encuadra dentro de las empresas declaradas como “privatizables” por la Ley Bases recientemente sancionada, generó fuertes reacciones desde distintos sectores académicos, sindicales y sociales, que advierten sobre los riesgos de poner un servicio esencial como el agua en manos privadas.
“El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado”, expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa.
Argumentos oficiales
Como fundamento de la decisión, el Ejecutivo señaló que AySA demandó 13.400 millones de dólares en aportes estatales desde su creación y que presenta un “fuerte deterioro en su infraestructura”. Además, citó el crecimiento de la morosidad entre los usuarios: del 4% al 16% en los últimos meses, fenómeno atribuido oficialmente a problemas de eficiencia y gestión.
Sin embargo, analistas críticos advierten que esa morosidad no puede separarse de los aumentos de tarifas registrados este año: solo en 2024, las tarifas subieron más del 300%.
Críticas y advertencias
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el del abogado y docente Pablo Serdán, especialista en derecho público, quien advirtió que la privatización podría significar un grave retroceso en términos de equidad y acceso universal:
“Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”, expresó a través de sus redes.
En realidad, en todo el mundo se paga por el agua.
Principales advertencias expresadas por Serdán:
- Usuarios más afectados:
- Habitantes de barrios vulnerables, donde extender redes no es rentable.
- Sectores que no pueden pagar tarifas de mercado.
- Familias que necesitan cloacas para vivir con dignidad.
- Impacto en obras sanitarias:
- Más de 250 proyectos esenciales ya fueron pausados.
- Riesgo de cancelación de plantas de tratamiento, redes nuevas y cloacas por no ser rentables.
- Consecuencias institucionales:
- El Estado pierde capacidad de decisión en la expansión del servicio.
- Se limita la posibilidad de garantizar tarifa social o priorizar zonas desfavorecidas.
Serdán también señaló que, a nivel internacional, varios países han revertido privatizaciones de servicios sanitarios en las últimas décadas por razones de eficiencia, costos y acceso universal. “El agua no es una mercancía más: es vida, salud, dignidad”, concluyó.
Antecedente de privatización en los 90
La decisión de avanzar con la venta de AySA revive el antecedente de la privatización de Obras Sanitarias de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem. En ese entonces, la gestión fue entregada a Aguas Argentinas, controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez), cuyo contrato fue rescindido en 2006 ante denuncias por incumplimientos y falta de inversión. A raíz de ello, se creó AySA como empresa estatal.
Durante mucho tiempo y principalmente durante la gestion de Malena Galmarini, Aysa fue señalada como una gran caja politica.
Privatizaciones en serie
El caso de AySA se suma a otros procesos de transformación en empresas públicas impulsados por la administración de Javier Milei. En los últimos meses, Corredores Viales —encargada de 6.000 kilómetros de rutas nacionales— y Yacimientos Carboníferos Río Turbio fueron convertidas en sociedades anónimas, en lo que se interpreta como pasos previos a su eventual privatización.
El proceso de licitación de AySA se espera que comience en las próximas semanas y se complete antes de fin de año, en medio de un fuerte debate sobre el rol del Estado en servicios esenciales y la protección de derechos sociales frente al avance del mercado.
