Buenos Aires-4 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis entre la Argentina y la República Islámica de Irán escaló este sábado a un punto inédito en las últimas décadas: Mohsen Soltani Tehrani, hasta ahora máximo representante diplomático iraní en el país, abandonó el territorio nacional tras cumplirse el plazo de 48 horas que le impuso el gobierno de Javier Milei luego de declararlo persona non grata. La confirmación llegó de boca del canciller Pablo Quirno, quien informó que el exencargado de Negocios ad interim ya había salido de la Argentina, cerrando así una secuencia de máxima tensión que terminó por colocar a la administración libertaria en una confrontación abierta y directa con el régimen de Teherán.
La decisión argentina no fue un gesto menor ni una reacción improvisada. El jueves 2 de abril, la Cancillería anunció formalmente que había declarado persona non grata a Soltani Tehrani de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas. En el comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sostuvo que la medida respondió a un texto del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní con “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes” contra la República Argentina y sus más altas autoridades, al tiempo que calificó esas expresiones como una “inaceptable injerencia” en asuntos internos del país.
El detonante inmediato fue la decisión del Gobierno de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro argentino de organizaciones y entidades vinculadas al terrorismo. La Oficina del Presidente informó el 31 de marzo que la medida se apoyó en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que atribuyen a altos funcionarios del régimen iraní y a operativos de la Guardia Revolucionaria participación en los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994. Esa incorporación al RePET habilita sanciones financieras y restricciones operativas contra la estructura iraní, y fue presentada por la administración de Milei como un paso para saldar una deuda histórica con las víctimas del terrorismo en suelo argentino.
La respuesta de Teherán fue tan previsible como agresiva. El régimen condenó la decisión argentina, habló de un “error estratégico”, dijo que la medida dañaba gravemente la relación bilateral y acusó al gobierno de Milei de actuar bajo la influencia de Estados Unidos e Israel. Pero lejos de retroceder, la Casa Rosada eligió endurecer aún más el tono. En su comunicado, la Cancillería recordó la “persistente negativa” iraní a cooperar con la Justicia argentina en la causa AMIA, el reiterado incumplimiento de órdenes de detención y extradición y, además, calificó como particularmente grave que figuras del CGRI requeridas por la justicia local ocupen cargos de alta responsabilidad. Allí aparece uno de los nudos más delicados del conflicto: la permanencia de nombres como Ahmad Vahidi en la órbita del poder iraní sigue siendo, para la posición argentina, una provocación intolerable.
La salida de Soltani Tehrani marca, en los hechos, un quiebre diplomático de enorme magnitud. No implica todavía una ruptura formal total de relaciones, pero sí deja a la representación iraní prácticamente vaciada de conducción política en Buenos Aires y confirma que el gobierno argentino resolvió llevar su enfrentamiento con el régimen persa a un nivel que ningún gobierno reciente se había animado a asumir con esta claridad. En la lógica oficial, el mensaje es simple: no habrá neutralidad posible frente a un Estado que la Argentina asocia desde hace décadas con los dos atentados terroristas más graves de su historia contemporánea.
La medida también consolida el alineamiento geopolítico de Milei con Estados Unidos e Israel, en medio de la guerra abierta con Irán y del endurecimiento general del escenario en Medio Oriente. Pero, más allá de esa lectura internacional, el movimiento tiene un contenido doméstico muy fuerte: la administración libertaria busca dejar asentado que, frente al terrorismo, no habrá ambigüedad, zonas grises ni diplomacia timorata. Y en esa definición, la expulsión del máximo diplomático iraní del país pasa a ser algo más que una sanción bilateral. Se convierte en una señal política, judicial y moral de alto impacto: la Argentina decidió que con Teherán ya no se discute en los términos complacientes del pasado, sino desde una postura de confrontación abierta y memoria activa
