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Washington, 19 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-El Congreso de los Estados Unidos ha solicitado al Ejecutivo de Donald Trump una revisión urgente del flujo de información de inteligencia compartida con España, tras conocerse que el gobierno de Pedro Sánchez adjudicó un contrato por 12,3 millones de euros a la filial local de Huawei para la gestión del almacenamiento de escuchas judiciales. La decisión ha generado fuerte inquietud en Washington, donde se advierte que España “está jugando con fuego” al permitir que una empresa con presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino administre datos sensibles del Estado.
La advertencia fue elevada por el senador Tom Cotton y el representante Rick Crawford, máximas autoridades en inteligencia en el Congreso, a través de una carta dirigida a Tulsi Gabard, directora nacional de inteligencia. En la misiva, los legisladores expresan su preocupación por la seguridad de la información compartida con España, en tanto socio de la OTAN y aliado tradicional de Estados Unidos.
Cotton y Crawford señalan que Huawei, acusada de tener profundos lazos con el régimen de Pekín, está sujeta a las leyes de inteligencia de China, lo que implicaría que debe proporcionar al Partido Comunista cualquier dato que le sea requerido. Por ello, instaron a Gabard a realizar una revisión del intercambio de inteligencia bilateral, especialmente la relacionada con defensa, fuerzas de seguridad y contrainteligencia.
“Hasta que España no adopte las medidas necesarias para eliminar la amenaza que representa Huawei, el Gobierno de EE.UU. debe asegurarse de excluir de sus comunicaciones con Madrid cualquier detalle susceptible de llegar a manos del Partido Comunista Chino”, afirmaron los legisladores en su carta.
La adjudicación del contrato a Huawei fue realizada por el Ministerio del Interior español, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, e implica que la compañía china gestionará servidores del sistema Sitel, utilizado para almacenar interceptaciones legales realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. La paradoja, según destacan fuentes en Bruselas y Washington, es que mientras los operadores de telecomunicaciones en España han eliminado a Huawei de sus redes 5G por presión internacional, el propio gobierno ha otorgado a la empresa china un papel central en una de las áreas más sensibles del Estado.
El malestar en Washington también se da en un contexto de enfriamiento de las relaciones bilaterales. La reticencia inicial de Sánchez a alinearse con el consenso de la OTAN sobre el aumento del gasto militar al 5%, aunque finalmente accedió a firmarlo, provocó tensiones con la Casa Blanca. La relación con China es otro punto de fricción: en abril de 2023, en plena escalada de la guerra comercial, Sánchez visitó Pekín y se mostró abierto a profundizar los lazos con Xi Jinping, lo que fue interpretado en EE.UU. como una señal equívoca.
Además, persisten las suspicacias en torno al nombramiento de Therese Jamaa —ex vicepresidenta de Huawei España y pareja del ministro de Exteriores José Manuel Albares— como consejera de Hispasat, una decisión que causó alarma en círculos diplomáticos y de inteligencia.
Mientras países como Alemania, Suecia, Francia, Portugal y Reino Unido han prohibido a Huawei en sus infraestructuras críticas, España aún no ha publicado una lista oficial de exclusión, a pesar de que la legislación nacional sobre ciberseguridad 5G lo permite. La Unión Europea ha instado a los Estados miembros a eliminar proveedores de “alto riesgo”, pero el gobierno español continúa evitando señalar públicamente a empresas chinas.
La situación preocupa especialmente por el carácter estratégico de las relaciones militares bilaterales. España y EE.UU. comparten las bases de Rota y Morón, desde donde operan tropas estadounidenses que han intervenido en operaciones recientes, como los bombardeos sobre Irán. La posibilidad de que una vulnerabilidad en el sistema de seguridad español comprometa información crítica con implicancias transatlánticas ha encendido las alarmas en Washington.
