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Buenos Aires, 22 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA –Una polémica se desató en el Senado tras la presentación de una nota por ocho senadores del bloque Unión por la Patria (UxP) dirigida a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. El documento solicita que se “adopten medidas necesarias” para regular la presencia de uniformados federales —Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y PSA— en los espacios comunes, incluida la prohibición expresa del uso de baños del Senado, alegando “molestias” y pidiendo priorizar al personal legislativo .
Entre los firmantes figuran Oscar Parrilli, Carlos Linares, Cristina López, Sergio Leavy, María Eugenia Duré, Silvia Sapag, Antonio Rodas y Gerardo Montenegro . Según argumentan, durante operativos —como los miércoles de movilización de jubilados— la presencia de fuerzas federales “se intensifica de manera exponencial” y genera inconvenientes para el normal funcionamiento del Congreso .
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió con contundencia desde su cuenta en X:
“Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días” .
Bullrich fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien retuiteó su mensaje calificándolo como un “disparate kuka”. En respuesta, algunos senadores de UxP, como Carlos Linares, negaron la pretensión de prohibir el acceso a los sanitarios, aclarando que la carta busca “ordenar” horarios y uso de espacios, no expulsar a los efectivos .
Entre incumplidos y privilegios: el fondo de la polémica
Los uniformados en cuestión cumplen tareas de seguridad —arriesgando sus vidas y con sueldos modestos— mientras los mismos senadores que los protegen solicitan restringir sus derechos más básicos, incluso durante operativos esenciales . El contraste es agudo: quienes custodian a los legisladores y garantizan la seguridad pública son objetos de restricciones, mientras los senadores, amparados por el reglamento, aplican alzas de sueldos impulsadas por su bancada.
Fuente principales del reclamo fueron movilizaciones de adultos mayores (miércoles de jubilados), donde UxP ya había cuestionado previamente “la militarización de las calles” ante protestas pacíficas.
Interpretación profesional
Este episodio revela una cínica contradicción: legisladores que reclaman orden para quienes les brindan protección, mientras promueven beneficios propios. El indignante pedido de restringir accesos mínimos a policías —un colectivo que, por diseño, debería contar con reconocimiento y privilegios básicos por su labor— expone la falta de empatía y el doble estándar en la clase política, que intenta aislarse del mismo servicio que usufructúa.
Más allá del micromanejo reglamentario, el planteo pone en evidencia una actitud vergonzosa: el uso de la fuerza que da seguridad a la República como blanco de restricciones, mientras los legisladores elevan su salario con total naturalidad y sin accountability. El mensaje es claro: su comodidad y estatus pesan más que la dignidad de quienes arriesgan su integridad.
El cruce Bullrich‑UxP no solo marca una grieta discursiva entre oficialismo y oposición, sino que también pone al descubierto tensiones éticas profundas dentro del Congreso. La discusión irá más allá de espacios y baños: cuestiona el tipo de respeto que la política le rinde a los guardianes del orden público.
