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Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 24 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA-En una medida que remite a los peores reflejos autoritarios de la ex Union Sovietica, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ordenó la desafectación preventiva de 24 oficiales superiores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por supuestos vínculos políticos con el concejal y candidato libertario Maximiliano Bondarenko, quien encabeza la lista de La Libertad Avanza en la estratégica Tercera Sección Electoral.
El operativo, ejecutado con sigilo y apoyado por actuaciones administrativas internas, incluyó allanamientos en dependencias policiales, secuestro de computadoras y documentación, y la apertura de sumarios que, según fuentes reservadas, carecen de pruebas fehacientes de ilegalidad pero apuntan a una única conducta: la afinidad ideológica con una fuerza opositora al oficialismo provincial.
La maniobra ha sido calificada por sectores opositores y expertos en derecho administrativo, consultados, como una “purga política” con sello soviético, que desnuda una creciente intolerancia del oficialismo a la pluralidad de pensamiento incluso dentro de sus fuerzas de seguridad. Lejos de responder a conductas penales o administrativas concretas, la medida parece estar dirigida a disciplinar a quienes no comulgan con la línea del poder.
Los oficiales apartados estarían ligados a la elaboración de propuestas legislativas de reforma policial para ser impulsadas por Bondarenko si accede a una banca, actividad que no implica delito ni infracción específica, salvo la sospecha de que su contenido no coincide con los planes del gobernador y su entorno.
Según se pudo reconstruir, los elementos secuestrados en la inspección interna incluyen hojas con membretes libertarios, borradores institucionales y un fondo de pantalla con una imagen de Javier Milei, circunstancias que en el marco de una república democrática no deberían constituir motivo de sanción.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, confirmó la decisión y anticipó que la Justicia será notificada por la supuesta utilización de recursos públicos con fines políticos, aunque no explicó por qué se recurre a medidas punitivas anticipadas antes de que la investigación judicial determine responsabilidades concretas.
Otra fuente policial aseguro que es “un intento deliberado del kirchnerismo por amedrentar a quienes piensan diferente dentro del Estado”, y anticipó que es muy posible que se recurra a la Justicia para frenar lo que definió como un “atropello institucional que persigue la libre expresión de ideas políticas”.
La Tercera Sección, que concentra el 37% del padrón electoral provincial, será escenario de una de las disputas más calientes del calendario electoral. En ese contexto, la ofensiva contra policías libertarios aparece como un gesto de debilidad más que de fortaleza del oficialismo, que teme perder el control del conurbano sur, su bastión histórico.
El accionar del gobierno provincial abre interrogantes alarmantes sobre la deriva institucional en Buenos Aires: ¿pueden los empleados públicos tener ideas políticas si estas no coinciden con el gobierno? ¿La lealtad institucional implica sumisión ideológica? ¿Volvió la censura al Estado?
En plena campaña, la provincia más poblada del país vuelve a dar señales de intolerancia al disenso, en un gesto que tensiona aún más el frágil equilibrio democrático.
