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Buenos Aires, 27 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA‑Una compleja pugna judicial pone en vilo a dos tribunales federales por el destino de la fortuna del empresario Lázaro Báez en el marco de las causas Hotesur-Los Sauces y Vialidad, y espera una definición clave de la Corte Suprema de Justicia.
La disputa gira en torno a los bienes de Austral Construcciones: por un lado, el juez comercial que tramita la quiebra de la empresa, actualmente subrogado por Jorge Sícoli en el Juzgado Comercial 28, impulsa la venta progresiva de los activos para resarcir a acreedores. Esa quiebra se inició en 2018 y desde entonces se remataron decenas de campos, inmuebles y vehículos, con parte de los fondos ingresando al Estado vía ex AFIP y Banco Nación.
En sentido contrario, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, a cargo de la causa Hotesur-Los Sauces, solicitó frenar las subastas y retener maquinaria, vehículos e inmuebles embargados, por estar vinculados a un eventual decomiso como resultado de la condena penal.
A su vez, el Tribunal Oral Federal 2, que juzga la causa Vialidad, presentó también su reclamo por los mismos activos. El TOF 2, que ya inició el proceso de decomiso contra Báez y Cristina Kirchner, requirió a la justicia comercial un informe actualizado sobre la quiebra y la liquidación de activos.
En paralelo, los condenados por Vialidad tienen plazo hasta el 13 de agosto para depositar unos 684.000 millones de pesos (aproximadamente 540 millones de dólares) como medida de decomiso. De no hacerlo, se habilitará la ejecución de los bienes embargados.
Ante la divergencia de criterios, la Cámara Comercial respaldó al juez de la quiebra al permitir las enajenaciones, pero ordenó que los fondos recaudados desde el 15 de diciembre de 2023 sean resguardados en cuentas judiciales mientras la Corte Suprema resuelva la cuestión de competencia.
El procurador Eduardo Casal ya se pronunció a favor del juez de la quiebra, al señalar que no existe norma que otorgue preferencia a la pretensión penal sobre los derechos crediticios de terceros ajenos al proceso.
El expediente se encuentra pendiente en la vocalía 3 de la Corte Suprema, con los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti (y Juan Carlos Maqueda) llamados a resolver la controversia (infobae).
La resolución de la Corte tendrá un impacto determinante: si otorga prioridad al tribunal oral penal, toda enajenación de activos podría ser bloqueada y los bienes permanecen cautelados; si respalda la quiebra comercial, se permitirá la venta y distribución de activos entre acreedores, limitando el margen del decomiso penal.
Por otro lado, las causas Hotesur‑Los Sauces y Vialidad siguen su curso con peritajes en marcha. El TOF 5 informó recientemente que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte designó tres peritos para valorar inmuebles y vehículos vinculados a los Kirchner y Báez —incluyendo propiedades en Río Gallegos y Buenos Aires— como parte del futuro decomiso.
Mientras tanto, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani solicitaron embargar adicionalmente fondos o bienes de diversas empresas vinculadas a Báez y sus familiares, ampliando aún más la base del patrimonio sujeto a decomiso.
La Corte Suprema deberá resolver con precisión si los bienes de Austral Construcciones y otras sociedades vinculadas permanecen bajo la órbita de la quiebra o pasan al ámbito penal, lo cual determinará el monto efectivo recuperado por el Estado tras años de investigación y condenas firmes.
