El neocolonialismo energético: la energía renovable crece donde menos se consume

Un aerogenerador cada dos habitantes. En el concello gallego de Muras, con 600 habitantes, hay 381 aerogeneradores en funcionamiento. Esta concentración convierte a la zona en una de las de mayor densidad eólica de Europa. Pero el caso de Muras no es una excepción, sino un síntoma de un modelo de transición energética que revela un desequilibrio estructural entre producción y consumo.

En España, la generación de energía renovable se concentra mayoritariamente en zonas rurales y despobladas, mientras que el consumo se da en las grandes urbes. Por ello, distintos técnicos apuntan que la distribución territorial de la potencia instalada de energías renovables genera desequilibrios territoriales y ambientales y que debe ponerse el foco en su planificación. “Renovables sí, pero no así” es el lema bajo el que se plasma la oposición vecinal a este modelo irregular.

La desigualdad en el despliegue de renovables es más llamativa en el caso de la Comunidad de Madrid. Con casi 27.500 gigavatios (GWh) de consumo, apenas cuenta con 63 megavatios (MW) de potencia eólica y solar-fotovoltaica instalada. “La geografía energética de la Comunidad de Madrid no está en la comunidad, sino en Toledo y Guadalajara”, afirma el geógrafo Ibai de Juan.

Sin embargo, la normativa europea, según explica el ingeniero Jaume Darné, abogaba ya en 2009 para que la generación de energía fuese “cercana a los lugares de consumo y democrática”. Damián Copena, doctor y profesor permanente del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, señala que el asunto vuelve a estar de actualidad con el apagón del 28 de abril. Para él, ante situaciones como la de ese lunes, se evidencia que “tenemos que ir hacia procesos más descentralizados”.

Además, Copena señala que la justicia energética implica equidad entre territorios productores y consumidores y un mayor control público de los mecanismos de generación. Todo ello con el objetivo de minimizar las externalidades negativas. Con esto aún en el horizonte, en el contexto actual “es bastante evidente que hablamos de neocolonialismo energético en España”, inciden fuentes de la Dirección General de Energía y la de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE).

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El despliegue de renovables genera externalidades y uno de estos impactos más notables es el paisajístico, tal y como se recoge en las declaraciones de impacto ambiental presentadas para la tramitación y aprobación de los proyectos.

En el caso de la eólica, destaca Galicia porque muchos aerogeneradores se instalan en las cumbres montañosas, visibles desde grandes distancias. Un caso paradigmático es la Serra do Xistral, en Lugo, donde los parques eólicos afectan a zonas protegidas por la Red Natura 2000, especialmente turberas; humedales que almacenan carbono. Según recoge el Observatorio Eólico de Galicia, son un total de 28 parques eólicos que representan 642,32 MW de potencia y 835 aerogeneradores que fueron puestos en marcha entre 1999 y el 2007.

En Andalucía, el despliegue renovable también ha generado tensiones territoriales, además de ambientales. Una investigación publicada en 2024 por la revista académica Estudios geográficos, señalaba que 145 parques eólicos instalados hasta 2019 en esta comunidad afectan a distintas categorías paisajísticas. Sobre todo, a las serranías y campiñas, además de municipios de menos de 5.000 habitantes, “que son los menos consuntivos de energía”.

El informe también recoge que la presencia de aerogeneradores en zonas de sensibilidad máxima y muy alta suma casi el 45,5% del total. Más concretamente, 314 aerogeneradores de 2.039 instalados en Andalucía se localizan en estas zonas de máxima sensibilidad ambiental. Dichas áreas, según recoge el Ministerio para la Transición Ecológica en su apartado de Evaluación Ambiental, no son recomendables para la instalación de este tipo de infraestructuras debido a su valor ecológico o paisajístico.

La energía solar-fotovoltaica en Andalucía, por su parte, ha experimentado un crecimiento acelerado desde 2020, con más de 7.000 hectáreas instaladas en apenas dos años. Este ritmo de expansión ha superado en muchos casos la capacidad de evaluación ambiental y de participación ciudadana. Según recoge el informe, un 25% de la superficie ocupada por estas plantas se encuentra en zonas de sensibilidad alta o muy alta, y un 13% en áreas de sensibilidad máxima.

Troceo de instalaciones

“La transición energética es necesaria y urgente, pero debe ser eficiente, inteligente y justa”, sentencia Pilar Díaz, profesora titular de Geografía en la Universidad de Sevilla. Critica, igual que Jaume Darné, que desde el boom renovable de 2008, no ha habido una planificación adecuada. “La distribución está marcada por lo que dicen las grandes empresas”, concluye Díaz.

Una práctica, posiblemente acentuada por esta falta de planificación, es la fragmentación de proyectos de generación de energía solar-fotovoltaica y eólica, con tal de acogerse a las legislaciones autonómicas. Esta praxis, reproducida por los promotores, consiste en la división de las instalaciones en parques con potencias inferiores a 50 MW y, así, tramitarlas por vía autonómica y no estatal, donde la legislación es más estricta en cuestiones medioambientales. “Se fraccionan los proyectos para que, primero, su autorización corresponda al territorio y, luego, se beneficien de las exenciones de obligaciones formales”, señala Susana Galera, catedrática de Derecho Administrativo.

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En Aragón hay 14 proyectos con un mismo nombre: Las Majas. La única diferencia es su numeración. En total, suman 156 aerogeneradores, aunque 87 están en trámite de instalación. La potencia instalada del clúster llegará a ser superior a 500 MW y a ocupar más de 8.000 hectáreas de terreno entre Azuara, Aguilón, Almonacid de la Cuba, Fuendetodos, Belchite, Herrera de los Navarros y Moyuela.

Otro ejemplo de fragmentación de macroproyectos renovables es la instalación fotovoltaica Casafuerte en La Rioja, con un total de nueve proyectos. Estos se encuentran, concretamente, en Cidamón, San Torcuato, Hervías y Bañares. Con una potencia total superior a 300 MW y más de 650.000 placas solares, este conjunto emplea 656 hectáreas, de las cuales 175 están ocupadas por los módulos.

A raíz de prácticas como esta, algunos expertos como Susana Galera, miembro del Grupo de investigación de alto rendimiento en Transición Energética y Acción por el Clima – Global y Local de la Universidad Rey Juan Carlos, plantean que “la transición energética no puede limitarse a descarbonizar con el mismo modelo de grandes compañías y fondos de inversión” tras los proyectos energéticos.

La coexistencia entre fuentes de energía renovables y no renovables, según De Juan Ayuso, conlleva que la transición energética, tal como se está implementando, no está desmantelando el modelo anterior, sino superponiendo uno nuevo sobre las mismas bases centralizadas y dependientes de grandes operadores.

El caso de Muras, con una concentración récord de aerogeneradores, ilustra un modelo energético profundamente desigual en España. Las zonas rurales asumen los costes paisajísticos y ambientales de la producción energética, mientras las grandes urbes concentran el consumo sin apenas generación local.

“La transición energética no puede limitarse a descarbonizar con el mismo modelo de grandes compañías y fondos de inversión”

Los distintos expertos y expertas entrevistadas en la elaboración de este reportaje coinciden en que esta desconexión entre producción y demanda, unida a prácticas empresariales como la fragmentación de proyectos para sortear controles, evidencia la falta de planificación estratégica. Además, algunos señalan que el auge de las renovables se ha llevado a cabo en superposición sobre estructuras energéticas existentes.

Aun así, el Estado español se mantiene como un referente en la velocidad del despliegue de energías renovables en Europa, continente que se ha marcado como objetivo para 2050 ser “climáticamente neutro”.

Fuente El Confidencial