Buenos Aires, 28 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-El Gobierno nacional dispuso una fuerte suba en los aportes a la seguridad social que deben abonar los clubes de fútbol profesional, tras constatar un déficit multimillonario en el régimen especial vigente desde 2003. La medida fue oficializada mediante resolución de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y supone un nuevo foco de tensión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La disposición, firmada por la subsecretaria Alexandra Biasutti y publicada este lunes en el Boletín Oficial, eleva la alícuota del régimen especial del 7,5% al 13,06%, y añade un recargo transitorio del 5,56% por un año, alcanzando un total del 18,62% sobre los ingresos brutos que perciben los clubes por conceptos específicos. La medida alcanza a todos los clubes que integran torneos organizados por la AFA y la Liga Profesional, tanto en Primera División como en el ascenso y el fútbol femenino, así como al personal técnico, médico, auxiliar y a la propia estructura administrativa de la AFA.
El Gobierno justificó la decisión en un grave desequilibrio financiero detectado en el sistema de aportes vigente. Según el informe técnico de la Dirección Nacional de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, durante el ciclo noviembre 2023-octubre 2024 las obligaciones previsionales ascendieron a $46.792 millones, pero solo se recaudaron $26.862 millones, lo que representa una cobertura del 57%. El déficit acumulado en ese período fue de $19.930 millones, equivalentes al 43% de las obligaciones del sistema.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó directamente contra los privilegios fiscales del fútbol profesional. “En 2024, los clubes argentinos generaron 324 millones de dólares en ventas de jugadores. Sin embargo, a pesar de estos ingresos, el sector mantiene un régimen especial de aportes a la seguridad social que termina financiado por los jubilados”, escribió en su cuenta oficial de X (ex Twitter).
El régimen especial para el fútbol fue creado por el Decreto 1212/2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde, como respuesta a la crisis económica de 2001. En lugar del régimen general de cargas patronales, los clubes pasaron a tributar un porcentaje sobre ventas de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisión. La alícuota original del 2% resultó rápidamente insuficiente, por lo que fue incrementada sucesivamente al 6,5% (Resolución 81/2005), 6,75% (Decreto 231/2019), y 7,5% (Decreto 510/2023). No obstante, el sistema nunca logró el equilibrio financiero.
En el primer año de la gestión del presidente Javier Milei, el régimen especial cubría solo el 57% de las obligaciones previsionales del sector. Seis meses después, esa cobertura cayó al 33%, debido a estrategias de los clubes para ampliar la exención fiscal a actividades ajenas al fútbol, como la educación, y a la migración de la venta de entradas a abonos, que están exentos del tributo.
Ante esta situación, el Decreto 939/2024 creó una comisión integrada por el Estado y los clubes para reformular el sistema y eliminar el déficit. Sin embargo, la propuesta presentada por la AFA fue considerada deficitaria por el Ejecutivo, que exigió garantías adicionales. Según Sturzenegger, la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó cualquier asunción de riesgo y solicitó mantener el régimen especial.
Como consecuencia, el Gobierno resolvió revertir el beneficio y restablecer la aplicación del régimen general de aportes a la seguridad social. No obstante, a pocos días de su entrada en vigencia, la AFA obtuvo una medida cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que restituyó el régimen especial.
El juez argumentó que aplicar el régimen general supondría un impacto económico desproporcionado para las instituciones deportivas. Citó como ejemplo los casos de Vélez Sarsfield y River Plate, que deberían multiplicar sus aportes previsionales por 26 y 22 veces, respectivamente. Sin embargo, Sturzenegger respondió que esos clubes aportaban montos muy bajos en relación con la cantidad de empleados y los resultados económicos declarados: Vélez, $12.000 dólares por 714 empleados; River, $27.000 por 1.530 empleados, a pesar de registrar ganancias por 28 y 65 millones de dólares, respectivamente, en sus balances 2024.
La decisión gubernamental impacta directamente en el financiamiento de los principales regímenes de seguridad social, como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y el Fondo Nacional de Empleo.
Mientras el conflicto avanza hacia una posible resolución judicial definitiva, el Gobierno refuerza su posición: “No hay más margen para privilegios fiscales en sectores con alta rentabilidad”, afirmó un funcionario de Capital Humano. En paralelo, desde la Casa Rosada evalúan si la nueva medida cautelar puede ser apelada y si corresponde una revisión integral del sistema de excepciones impositivas otorgadas al deporte profesional.
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