Ultimas Noticias!El ex secretario judicial Pablo Carlos Molina, acusado de intervenir el celular de su esposa al creer que lo engañaba, fue condenado a cuatro años de prisión. Según la acusación, libró un oficio, sin la correspondiente resolución judicial, en el cual ordenó las escuchas del teléfono de su mujer y un supuesto amante.
De acuerdo a la acusación planteada durante el debate oral, el 11 de septiembre de 2014 Molina confeccionó, en su carácter de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, “un oficio judicial, firmado también por el entonces juez federal Soto Dávila, mediante el cual se le hizo saber falsamente a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que se había dispuesto la intervención telefónica por el término de 30 días corridos de dos abonados, que presuntamente estaban vinculados a una investigación por narcotráfico en curso”.
Se supo que ese mismo año, semanas antes de dicha solicitud de intervención, el ex secretario fue denunciado por su esposa por amenazas y lesiones.
Aun así, a comienzos de 2019 todo salió a la luz cuando Molina fue relevado de su cargo por beneficiar, junto a Soto Dávila, a una organización narco.
Durante el ordenamiento de la oficina de Molina, empelados judiciales hallaron 28 discos compactos con el producto de estas comunicaciones interceptadas de manera ilegal entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014.
Se comprobó que dichas líneas eran las utilizadas por la esposa del secretario y por un allegado a ella con el que el acusado sospechaba que tenía una relación extramatrimonial.
Presentación y cinco años
Luego de la presentación de todas las pruebas, los fiscales Carlos Schaefer y Martín Uriona solicitaron que Molina sea condenado a cinco años de prisión, sumado a la inhabilitación absoluta y especial por doble tiempo.
Sin embargo, desde el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comunicaron que el ex empleado judicial fue sentenciado a la pena de cuatro años de cárcel, condena menor a la solicitada por los fiscales en los alegatos. A su vez, se dispuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble tiempo.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
