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Buenos Aires, 2 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA –El presidente Javier Milei formalizó el veto a dos iniciativas aprobadas por el Congreso: la ley de aumento a las jubilaciones y pensiones, y la norma que declaraba la emergencia en discapacidad. La medida fue confirmada públicamente en un discurso ante empresarios en la Bolsa de Comercio, tras la sanción de ambos proyectos por el Senado a principios de julio.
Las disposiciones vetadas incluían, entre otros aspectos, un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios, un bono mensual escalonado —que ascendía de 70 000 a 110 000 pesos—, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, destinada a garantizar prestaciones básicas y atención integral para personas con discapacidad.
El Ejecutivo justificó el veto bajo el argumento de inviabilidad fiscal y la necesidad de preservar el equilibrio presupuestario, conforme al plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria. Asimismo, Milei adelantó que, de ser necesario, someterá la disputa al sistema judicial para evitar que las normas entren en vigencia.
El próximo paso corresponde a la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá reunir una mayoría calificada —dos tercios— para revertir el veto presidencial. Mientras tanto, la Casa Rosada desarrolla gestiones con gobernadores y bloques aliados para asegurar respaldo político mediante negociación de fondos federales (ATN) y acuerdos de cara a las elecciones generales del 26 de octubre.
Comparación con veto de Cristina Fernández de Kirchner en 2010
Un antecedente relevante es el veto decretado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 13 de octubre de 2010, mediante el Decreto 1482/2010. La medida rechazó una ley aprobada por el Congreso que establecía una jubilación mínima equivalente al 82 % del salario mínimo, vital y móvil, argumentando el riesgo presupuestario implícito.
Ambos vetos comparten el denominador común de justificarse en un principio de sostenibilidad fiscal, consideraciones que, según los respectivos Ejecutivos, impedían la implementación de propuestas de fuerte impacto en el gasto público. No obstante, se diferencian en su alcance: mientras el veto de CFK se limitó al rechazo de una única norma destinada a establecer el 82 % móvil, el veto de Milei alcanza un paquete normativo más amplio, que incluye mejoras previsionales, moratoria y medidas para personas con discapacidad.
Además, Milei complementó su decisión con la amenaza de judicializar los vetos si el Congreso persiste en insistir con las leyes, estrategia hasta ahora no registrada en el caso de 2010.
El veto presidencial actual representa un giro contundente en la política de austeridad del Gobierno nacional, con impacto directo en jubilados y personas con discapacidad. Al mismo tiempo, reabre una vía precedente en la historia reciente de la relación entre Ejecutivo y Congreso, contrastando con aquel veto puntual de 2010 protagonizado por Cristina Fernández de Kirchner. Ambos casos se inscriben en tensiones clásicas entre derechos sociales y restricciones presupuestarias, aunque difiriendo en el alcance legislativo y en las herramientas políticas y jurídicas desplegadas para sostener la decisión presidencial.
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Contacto: Redacción Política – Total News Agency (TNA)
