Buenos Aires, 8 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA —La investigación por el homicidio de Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido el 26 de julio de 1984, ha dado un giro significativo con la identificación de un excompañero de colegio, Cristian Graf, como el principal sospechoso. Los restos óseos del joven, hallados el 20 de mayo de 2025 en el jardín de un chalet en el barrio porteño de Coghlan, lindero a una propiedad donde vivió Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, revelan un crimen violento que permaneció oculto durante 41 años. Aunque la causa está prescripta, la familia de la víctima y la Justicia buscan esclarecer los hechos para brindar respuestas a un caso que conmocionó a la opinión pública.
Diego Fernández Lima, estudiante de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36 y futbolista de las inferiores de Excursionistas, fue visto por última vez tras salir de su casa en Villa Urquiza para visitar a un amigo. Aquella tarde, almorzó con su madre, pidió dinero para el colectivo y nunca regresó. Sus padres intentaron denunciar su desaparición en la comisaría 39, pero las autoridades, en el contexto de la reciente transición democrática de 1984, desestimaron el caso como una “fuga de hogar”. Durante décadas, la familia mantuvo viva la búsqueda, distribuyendo panfletos y logrando una única publicación en la revista ¡Esto! de 1985. El padre de Diego, Juan Benigno Fernández, murió en 1991 en un accidente de tránsito mientras continuaba la búsqueda, convencido de que su hijo había sido víctima de una secta.
El hallazgo de los restos ocurrió por casualidad durante una obra en la medianera de un chalet ubicado en Avenida Congreso al 3700, habitado desde los años 70 por la familia Graf. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), bajo la dirección de Mariella Fumagalli, confirmó la identidad de los restos mediante una prueba de ADN comparada con una muestra de la madre de Diego, de 87 años. El análisis forense reveló una muerte violenta, con una lesión en la cuarta costilla derecha compatible con una puñalada y marcas en articulaciones que sugieren un intento de descuartizamiento. Junto al cuerpo se encontraron objetos personales, como un reloj Casio, un corbatín azul del uniforme escolar y una moneda japonesa, que ayudaron a reconstruir el perfil biológico de la víctima.
La investigación, liderada por el fiscal Martín López Perrando, tomó un nuevo rumbo tras el testimonio de un excompañero de la ENET N° 36, actualmente radicado en México, quien reveló que Diego Fernández, apodado “Gaita”, y Cristian Graf, conocido como “Jirafa”, eran amigos cercanos desde el jardín de infantes. Este vínculo, desconocido hasta ahora, señaló a Graf, de 56 años, como el principal sospechoso. La familia Graf, que aún reside en la propiedad, estaba en el radar de los investigadores desde el hallazgo, dado que habitaban el chalet en 1984 y nunca se mudaron. Sin embargo, la falta de pruebas concretas había impedido citarlos como testigos o imputados. El testimonio del excompañero, contactado tras leer la noticia en medios, podría cambiar esta situación en las próximas semanas.
Mariella Fumagalli aseguró que el cuerpo fue enterrado a poca profundidad en el jardín, un lugar de fácil acceso para cavar, lo que plantea interrogantes sobre la elección del sitio. “¿Por qué ahí? Esa es otra esfera de investigación que está llevando adelante la Fiscalía para establecer el cómo y el porqué esos restos terminaron inhumados en el jardín trasero de esa vivienda”, señaló. Aunque el homicidio está prescripto debido al tiempo transcurrido, el fiscal López Perrando está comprometido con reconstruir los hechos, contactando a antiguos compañeros de colegio y del club Excursionistas para esclarecer las circunstancias del crimen.
Javier Fernández, hermano menor de Diego, expresó en América TV el dolor de la familia y su necesidad de justicia: “Mi papá murió buscándolo. Necesitamos saber qué pasó con Diego”. La investigación, apoyada por el EAAF, busca brindar una “verdad histórica” a pesar de la imposibilidad de sanciones penales. El caso, que adquirió notoriedad por su conexión con la casa vecina a la de Gustavo Cerati, expone las deficiencias en la investigación de desapariciones durante los primeros años de la democracia, cuando la falta de protocolos y la herencia de la dictadura militar limitaron la acción estatal.