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Buenos Aires, 8 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA –La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción en el caso “Vialidad”, intensifica su búsqueda de privilegios al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la eliminación de la tobillera electrónica que lleva en su arresto domiciliario. La medida, impuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2 tras la confirmación de su sentencia el 10 de junio de 2025, parece incomodar profundamente a la ex mandataria, no tanto por la restricción física, sino por lo que evidentemente percibe como una afrenta a su desproporcionado ego. El recurso, acompañado de una recusación contra los jueces de la Corte, refleja su persistente intento de eludir las condiciones de una condena que marca el ocaso de su carrera política.
El pedido, presentado por su abogado Carlos Beraldi el 8 de agosto, busca anular tanto la tobillera como las restricciones al régimen de visitas, argumentando que vulneran sus derechos. Fernández de Kirchner, de 72 años, ya obtuvo el beneficio del arresto domiciliario en su apartamento de Monserrat, permitido por la legislación argentina para mayores de 70 años. Sin embargo, la ex vicepresidente calificó la tobillera como una “humillación innecesaria” en un mensaje en su cuenta de X, acusando al Poder Judicial de actuar como un “triumvirato de títeres” al servicio de intereses económicos y del gobierno de Javier Milei. Esta postura refuerza la percepción de que busca un trato preferencial, incapaz de aceptar las consecuencias de una sentencia judicial firme. En realidad, Cristina Kirchner no debria sentirse humillada, sino avergonzada por haber robado.
La condena por el caso “Vialidad” halló a Fernández de Kirchner culpable de liderar un esquema fraudulento que adjudicó 51 contratos de obra pública en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, un aliado cercano, entre 2003 y 2015, durante las presidencias de ella y su fallecido esposo, Néstor Kirchner. La sentencia, ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025, incluye una inhabilitación perpetua para cargos públicos, frustrando sus planes de postularse como legisladora provincial en Buenos Aires en las elecciones de septiembre de 2025. Además, se le ordenó restituir 685 mil millones de pesos (unos 540 millones de dólares) al Estado, junto con otros ocho condenados, por el daño causado.
El recurso de Beraldi será evaluado por la Cámara Federal de Casación Penal, que decidirá si es admisible para llegar a la Corte Suprema. Sin embargo, fuentes judiciales indican que las posibilidades de éxito son reducidas, dado que el tribunal superior ya desestimó una apelación previa, considerando que las pruebas del juicio eran “abundantes” y el proceso respetó las garantías constitucionales. El fiscal Eduardo Casal había propuesto endurecer la pena a 12 años y agregar el delito de “asociación ilícita”, pero esta solicitud no prosperó.
La insistencia de Fernández de Kirchner en eliminar la tobillera ha generado críticas que la acusan de intentar perpetuar su imagen de víctima política. “Es otro capítulo de su estrategia para no asumir las consecuencias de sus actos”, señaló una figura de la oposición. Su equipo legal, liderado por Gregorio Dalbón, anunció que presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya, alegando una persecución política para silenciar a la ex presidenta, líder del Partido Justicialista y figura central del peronismo. Pese a contar con un núcleo de seguidores que la ven como defensora de políticas sociales, su imagen está polarizada, asociada por sus críticos con la corrupción y la crisis económica de su gestión.
Además del caso “Vialidad”, Fernández de Kirchner enfrenta otras causas judiciales, incluyendo una investigación por presunto lavado de dinero en los casos “Hotesur-Los Sauces” y un juicio programado para noviembre de 2025 por un supuesto esquema de sobornos. A pesar de las acusaciones, la ex mandataria sostiene que es víctima de un “lawfare” orquestado por jueces, medios y el gobierno de Milei para neutralizar su influencia. Mientras tanto, el peronismo enfrenta el desafío de reconfigurarse sin su liderazgo, en un contexto de fragmentación interna y un gobierno libertario que capitaliza el descontento social.
El recurso no tiene un plazo definido para su resolución, pero la Cámara de Casación podría pronunciarse en las próximas semanas. Mientras Fernández de Kirchner permanece en su apartamento bajo estrictas medidas de control, su rechazo a la tobillera refleja, según observadores, un intento de preservar un estatus privilegiado frente a las normas que aplican a cualquier ciudadano condenado. La batalla legal, más allá de su resultado, mantiene a la ex presidenta en el centro de la escena política, aunque su futuro parece cada vez más limitado por las decisiones judiciales.
