Argentina
España
USA
Israel
Buenos Aires, 8 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA -Leonardo Scatturice, un empresario argentino radicado en Estados Unidos, conocido por su pasado en el mundo de la inteligencia kirchnerista (vinculado al cuestionado General Milani) y sus vínculos con el entorno del presidente Javier Milei, enfrenta crecientes cuestionamientos por su prolífica obtención de contratos estatales y una delicada situación migratoria que lo limita a permanecer en territorio estadounidense, sin posibilidad de salir debido a restricciones que le impedirían reingresar. Con al menos 21 contratos firmados con el Estado argentino desde la asunción de Milei, Scatturice se ha convertido en una figura controvertida, señalada por presunto favoritismo y operaciones poco transparentes que involucran desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hasta organismos como Acumar.
La empresa OCP Tech, bajo la dirección de Scatturice, ha asegurado 17 contratos con organismos públicos entre 2024 y lo que va de 2025, según registros del Boletín Oficial y el portal Comprar. Estos contratos, que abarcan desde servicios tecnológicos hasta infraestructura, se suman a nueve convenios obtenidos en 2023 bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lo que demuestra una larga trayectoria como proveedor estatal. Sin embargo, el volumen y la opacidad de las adjudicaciones durante la gestión libertaria han generado sospechas de direccionamiento, especialmente por la cercanía de Scatturice con Santiago Caputo, asesor clave de Milei.
Uno de los contratos señalados es el firmado con Acumar en 2023, relacionado con la gestión de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que ha sido cuestionado por su falta de claridad en los procesos de licitación. Otro caso destacado es el contrato de Tactic Global LLC, parte del grupo COC Global Enterprise liderado por Scatturice, con la SIDE, firmado en febrero de 2025 por 10.000 dólares mensuales. Este acuerdo, registrado en el Departamento de Justicia de EE.UU., implica la coordinación de reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, una función que solapa las responsabilidades de la Cancillería y ha sido señalada como una posible pantalla para el manejo de fondos reservados. La SIDE, dirigida por Sergio Neiffert, un aliado de Caputo, refuerza las sospechas de favoritismo, dado que Neiffert y Scatturice comparten una relación de confianza con el asesor presidencial.
Además, Scatturice ha obtenido contratos significativos con el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, emparentado a Santiago, por un total de 1.378 millones de pesos en 2024 y 2025. Otros organismos como ARCA, Trenes Argentinos y Educ.ar también han adjudicado contratos millonarios a sus empresas, incluyendo uno por 80 millones de dólares para renovar servicios tecnológicos en 40.000 escuelas públicas. En el caso de ARCA, la adjudicación de 888,66 millones de pesos para routers en mayo de 2025 generó críticas, ya que OCP Tech presentó la oferta más cara, superando hasta un 40,8% a sus competidores, cuyas propuestas fueron desestimadas por motivos poco claros.
La trayectoria de Scatturice en el ámbito de la inteligencia no es nueva. Durante el kirchnerismo, su empresa C3 Consultings estuvo involucrada en una disputa interna dentro de la SIDE, enfrentándose al exdirector de Contrainteligencia, Antonio Stiuso, mientras mantenía vínculos con Fernando Pocino, exdirector de Interior, que operaba junto al General Milani, hoy también investigado por la justicia respecto al asesinato del fiscal Alberto Nisman. En 2015, Scatturice apareció en la causa penal “Dark Start”
(empresa de Ignacio Julián Pérez Rovere) aún abierta, que investigó presuntas actividades de espionaje. Escuchas telefónicas de la época, según el libro Espiados de Claudio Savoia, revelaron conexiones con el exjefe del Ejército César Milani, Pocino y otros actores, en un intento por influir en la justicia federal. Estos antecedentes, sumados a su actual relación con la SIDE, han llevado a sectores de la oposición a compararlo con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, acusándolo de ser un beneficiario privilegiado de fondos públicos.
Un episodio que ha intensificado las sospechas ocurrió el 26 de febrero de 2025, cuando un avión de COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, aterrizó en Aeroparque desde Miami con Laura Arrieta, una empleada suya vinculada al conservadurismo estadounidense. El vuelo, que transportaba más de diez valijas, evitó controles aduaneros, lo que derivó en una investigación por presuntas infracciones al Código Aduanero. Según los fiscales, el desvío de las valijas fue una decisión deliberada del personal aduanero, a pesar de la disponibilidad de tecnología para inspeccionarlas. OCP Tech afirmó que se cumplieron los protocolos, pero el caso permanece sin resolución, alimentando las críticas sobre la protección que Scatturice parece gozar desde el gobierno.
La situación migratoria de Scatturice añade un manto de misterio a su figura. Radicado en EE.UU. desde hace cinco años, el empresario no puede abandonar el país debido a restricciones migratorias que le impedirían reingresar, según fuentes cercanas al caso. Esta limitación, combinada con su creciente influencia en Argentina, plantea interrogantes sobre la transparencia de sus operaciones y su capacidad para gestionar contratos de esta magnitud desde el exterior. La designación de Andrés Vázquez (curiosamente muy vinculado a Stiuso) como jefe de la Dirección General Impositiva de ARCA, por recomendación de Scatturice a Caputo, refuerza las acusaciones de un sistema de favoritismo que beneficia a un círculo reducido.
En términos financieros, los contratos de OCP Tech en 2023 sumaron 7,17 millones de pesos y 3,25 millones de dólares, mientras que en 2024 alcanzaron 1.204 millones de pesos y 5,03 millones de dólares. En 2025, las adjudicaciones totalizan 1.062 millones de pesos y 217.593 dólares, según datos oficiales. Estas cifras no incluyen contratos con empresas públicas como Trenes Argentinos y Educ.ar, lo que sugiere que el volumen total de negocios es aún mayor. La falta de respuestas claras de fuentes oficiales y de OCP Tech sobre estos contratos ha intensificado los pedidos de investigación en el Congreso, donde la oposición exige esclarecer el rol de Scatturice y su relación con el poder.
