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Buenos Aires, 14 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-.En un nuevo episodio que genera interrogantes sobre la coherencia del discurso oficial contra la corrupción y la “casta política”, el gobierno del presidente Javier Milei ha confirmado el nombramiento de Alberto Raúl Baduán, un exfuncionario del kirchnerismo con condena judicial firme, al frente de la Dirección General de Recursos Humanos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo responsable de la regulación y fiscalización de las telecomunicaciones en Argentina.
La designación, efectuada por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, en el marco del decreto 512/2025, coloca a Baduán en una posición estratégica dentro de la entidad, a pesar de que enfrenta una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por la Justicia Federal. Esta medida contradice las reiteradas declaraciones del mandatario sobre la necesidad de apartar a los “corruptos” de la gestión pública y de promover la “limpieza” en el Estado.
Baduán, un veterano de la administración pública con fuertes lazos al peronismo, fue condenado en septiembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal número 3 a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua, en virtud del artículo 265 del Código Penal, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia, que se originó en irregularidades cometidas entre 2004 y 2006 durante su paso por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), fue ratificada el 11 de septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Actualmente, solo resta pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los hechos judiciales se remontan a la adjudicación de contratos para obras de remodelación y refacción en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER), ubicado en Ramos Mejía 1398, Capital Federal, que Baduán otorgó al arquitecto Miguel Ángel Maruca mientras este último trabajaba simultáneamente en la construcción de la vivienda particular del funcionario en el country Haras del Sur, en La Plata. Esta dualidad generó el conflicto de intereses que derivó en la condena.
La trayectoria de Baduán en el sector público inició el 29 de septiembre de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner lo designó, mediante el decreto 1321, como director general de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del COMFER, bajo la intervención de Julio Bárbaro. El nombramiento llevaba las rúbricas del jefe de Gabinete Alberto Fernández –amigo personal de Baduán– y del ministro del Interior Aníbal Fernández. Con la disolución del COMFER y la creación sucesiva de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en 2009, y su fusión con la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para formar el ENACOM, Baduán transitó por diversos despachos oficiales, incluyendo el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Durante la gestión de Claudio Ambrosini en el ENACOM, bajo influencia massista, ocupó el mismo cargo que ahora retoma, y su continuidad fue ratificada tras la asunción de Milei.
Además de su historial judicial, segun informó RealPolitik, Baduán mantiene vínculos con el partido RIO –posteriormente rebautizado como Parte–, liderado por Alberto Fernández, y ha figurado en los directorios de empresas privadas como Proyectos Rentables SA y Delta Urbano SA, dedicadas a los sectores de combustibles y gastronomía.
El caso de Baduán no es aislado en el contexto de escándalos que rodean al interventor Ozores. Antes de esta designación, Ozores adjudicó contratos por 4.348 millones de pesos a dos empresas “gemelas” desde el ENACOM. Asimismo, ha sido señalado por su acercamiento a compañías como Telefónica y Telecom en momentos en que el gobierno mantenía una confrontación mediática con el Grupo Clarín, y por su intento de desvincular al organismo de una funcionaria kirchnerista que arrojó estiércol en la vivienda del diputado José Luis Espert, lo que generó más críticas que aclaraciones.
La noticia ha generado repercusiones en redes sociales y medios independientes, donde se cuestiona la hipocresía del Ejecutivo al incorporar a un funcionario del “núcleo kirchnerista y albertista” en violación a una sentencia judicial. En plataformas como X, usuarios han expresado indignación, destacando que esta decisión pone en jaque el compromiso oficial con la honestidad y la renovación en la gestión pública. Algunos analistas sugieren que podría tratarse de un paso hacia una posible reconfiguración en el sector de las comunicaciones, aunque sin confirmaciones oficiales al respecto.
