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Buenos Aires, 1 de septiembre de 2025-Total News Agency-TNA-El juez civil y comercial federal Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la prohibición de difundir los supuestos audios de Karina Milei presuntamente grabados en Casa Rosada, acumula ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual a empleadas de su juzgado. El magistrado niega todas las acusaciones y las califica de “falacias”.
Según el procedimiento vigente, Maraniello fue notificado el 19 de agosto de los cargos formulados en la Comisión de Disciplina —presidida por el consejero abogado César Grau— y dispone de 20 días para presentar su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer prueba y efectuar las manifestaciones que considere pertinentes. A diferencia de la Comisión de Acusación (que puede impulsar un juicio político), en Disciplina se evalúan sanciones de menor entidad, como descuentos salariales.
Entre los expedientes por abuso/acosos, una empleada declaró que, a menos de una semana de ingresar al juzgado, fue hostigada, aceptó reunirse con el juez por temor a perder el empleo y denunció tocamientos y besos no consentidos, además de haber quedado coaccionada a mantener relaciones para terminar con la situación. En otro caso, una agente reportó mensajes en redes sociales, comentarios sobre su vestimenta, miradas inapropiadas y maltrato al no acceder a pedidos fuera del ámbito laboral; describió acercamientos físicos forzados y un deterioro anímico que la llevó a medicación e ideas suicidas antes de acudir a la Unidad de Bienestar Laboral.
Ese expediente llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. La denunciante ratificó sus dichos, aunque manifestó no querer instar la acción penal. No obstante, la fiscal Mariana Labozzetta entendió que, por la condición de funcionario judicial, podrían configurarse delitos de acción pública; el caso quedó a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró la disposición de una consigna policial en horario laboral dentro del juzgado de Maraniello para resguardar al personal. El sindicato, en presentaciones posteriores, describió un creciente caudal de testimonios a medida que entrevistaban a actuales y ex dependientes, y señaló situaciones de vulnerabilidad de algunas trabajadoras —interinato, necesidad económica, primera generación universitaria—.
En total, ocho expedientes —muchos interrelacionados y derivados por la Cámara Contencioso Administrativo y la Oficina de Bienestar— se tramitan con anexos reservados. Los cargos abarcan presunto abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional. La Comisión de Disciplina continuará evaluando pruebas y hechos; el derrotero podría culminar en sanciones o, si correspondiese, en el traslado de alguna causa a Acusación para analizar un eventual pedido de remoción.
En paralelo, el juez sostiene una página web con novedades institucionales, un extenso currículum con más de 20 libros y la mención de su rol como presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.
