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Buenos Aires, 2 de septiembre de 2025-Total News Agency-TNA-El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó medidas de prueba para identificar quiénes están detrás del canal de streaming Carnaval y medir la repercusión mediática de los audios atribuidos a Karina Milei. El pedido, dirigido al juez Julián Ercolini, corre en paralelo a la denuncia del Gobierno por una presunta maniobra de espionaje político previa a las elecciones bonaerenses.
—¿Qué pidió puntualmente el fiscal?
—Un informe amplio sobre el alcance de la difusión de los audios en medios y redes, y reportes a la Inspección General de Justicia (IGJ) para conocer la estructura societaria de Carnaval. Además, oficios al Enacom sobre eventuales habilitaciones de la señal.
—¿Los canales de streaming necesitan habilitación del Enacom?
—No. A diferencia de TV abierta o radios, las plataformas de streaming no requieren licencia previa.
—¿Por qué interesa medir la “repercusión”?
—Para verificar si la difusión de audios pudo incidir negativamente en la opinión pública y, según sostiene el Gobierno, en el proceso electoral inminente.
—¿A quiénes señalan como eventuales dueños?
—Versiones públicas mencionan a Pablo Toviggino; el dirigente negó en X ser propietario de Carnaval. La IGJ deberá aclarar la titularidad real.
—¿Qué encuadre penal se evalúa?
—Stornelli habló de hipótesis como asociación ilícita, perturbación del ejercicio de funciones públicas y violación de la ley de inteligencia. Aún es temprano para tipificar: depende de cómo se obtuvieron las grabaciones.
—¿Cuándo sería espionaje y cuándo no?
—Si la captación fue con dispositivo oculto en Casa Rosada, escucha a distancia o pinchadura telefónica, podría configurarse espionaje ilegal. Si una de las partes grabó su propia charla, no habría delito de espionaje; en todo caso, podría discutirse una lesión a la intimidad en sede civil, con estándares más exigentes cuando hay funcionarios y asunto de interés público.
Claves del expediente
• Estudio de prensa: quiénes replicaron el material y con qué alcance.
• IGJ: identificación de socios, controlantes y eventuales fundaciones vinculadas a Carnaval.
• Enacom: constatación de si existe algún trámite o registro aplicable (no exigible para streaming).
• Trazabilidad de los audios: origen técnico y cadena de custodia, para valorar su validez probatoria.
Cruce con la causa por presunta corrupción
En paralelo, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi investigan presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con menciones a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. En tribunales admiten que un eventual hallazgo de “espionaje ilegal” en el caso Carnaval podría usarse para intentar nulidades en la causa de corrupción, bajo el argumento de prueba ilícita. Por ahora, ambos expedientes avanzan por carriles separados: Picardi ya pidió documentación de contrataciones y analiza la legalidad de la incorporación de audios.
La ofensiva de Stornelli busca despejar dos preguntas a la vez: quién maneja Carnaval y cuánto pesaron sus publicaciones en la agenda pública. La respuesta impactará no solo en el expediente por espionaje, sino también en la disputa procesal por la validez de las pruebas en la causa de corrupción que salpica al entorno presidencial.
