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Buenos Aires, 7 de septiembre de 2025-Total News Agency-TNA-El 6 de noviembre comenzará el juicio oral y público por la llamada “Causa Cuadernos”, la investigación sobre un entramado de coimas sistemáticas ligadas a la obra pública y a contrataciones del Estado entre 2003 y 2015. El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) y tendrá más de 140 imputados, entre exfuncionarios y empresarios. La principal acusada política es Cristina Fernández de Kirchner, quien —según adelantaron las partes— declarará por videoconferencia desde su domicilio por su situación de prisión domiciliaria en la causa “Vialidad”, cuya condena a 6 años quedó firme por la Corte Suprema en junio.
La acusación central —contenida en los requerimientos fiscales— sostiene que funcionarios del Ministerio de Planificación y áreas vinculadas organizaron y dirigieron una asociación ilícita dedicada a exigir y cobrar retornos a contratistas, modalidad que, de acuerdo con múltiples confesiones y planillas, se pagaba como porcentaje del contrato o como “aportes” en efectivo. Los cargos principales son asociación ilícita y cohecho (pasivo y activo).
Calendario y estado del proceso
El TOF 7 fijó para el 24 de septiembre una audiencia de organización para delimitar prueba y pautas del debate; el inicio del juicio quedó marcado para el 6 de noviembre de 2025. En paralelo, más de treinta imputados intentan acogerse a figuras de “reparación” para evitar el debate a cambio de desembolsos económicos, planteos que deberá resolver el tribunal.
Quiénes son los principales acusados
Exfuncionarios y exautoridades (selección, según elevaciones y coberturas judiciales):
- Cristina Fernández de Kirchner (expresidenta): jefatura de la asociación ilícita y cohecho pasivo, según la acusación. Declarará vía Zoom. Cumple prisión domiciliaria por “Vialidad”.
- Julio De Vido (exministro de Planificación), Roberto Baratta (exsubsecretario de Coordinación), José López (exsecretario de Obras Públicas), Claudio Uberti (ex OCCOVI), Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete), Rafael Llorens, Hugo Larraburu, Nelson Lazarte, José María Olazagasti y otros exfuncionarios.
- Oscar Centeno (chofer de Baratta): autor de los cuadernos con la “bitácora” de traslados y entregas.
Empresarios y ejecutivos (entre decenas, varios como “arrepentidos”):
- Ángelo Calcaterra e IECSA (vía Javier Sánchez Caballero), Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción), Enrique Pescarmona (IMPSA), Aldo Roggio (Roggio), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Luis Betnaza y Héctor Zabaleta (Techint), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Armando Loson (Albanesi), Néstor Otero (concesionario de Retiro), entre otros. Varios declararon como imputados colaboradores ante el juez y la fiscalía.
Nota: La lista completa de imputados supera el centenar. El tribunal convocó a 146 acusados a la audiencia preliminar; el número puede variar por resoluciones incidentales.
Cómo operaba la recaudación
De acuerdo con el expediente, declaraciones y documentos, la mecánica se apoyó en tres pilares:
- Recaudación en efectivo: traslados en bolsos y valijas registrados por Centeno; entregas en domicilios y oficinas oficiales.
- “Retornos” por obra y contratos: ejecutivos describieron pagos entre 10% y 20% del valor de contratos, con rutas de entrega y “intermediarios financieros”.
- Planillas y circuitos financieros: el financista Ernesto Clarens aportó registros de flujos, incluso un tramo de USD ≈30 millones atribuido a recaudación para José López, entre otras trazas.
Cuánto es el daño estimado
No existe —a la fecha— una pericia unificada y definitiva sobre el perjuicio total al Estado en esta causa. Sin embargo, estimaciones convergentes en base a cuadernos y confesiones ubican los sobornos registrados en rangos de USD 160–200 millones para períodos recortados (por ejemplo 2004-2005), cifra incompleta frente a la duración y expansión del esquema. A ello se suman sobreprecios y direccionamiento derivados de la cartelización, cuyo impacto económico final deberá determinarse en juicio.
En paralelo, circulan propuestas de “resarcimiento” por USD 30–40 millones por parte de un grupo de imputados que busca extinguir la acción penal: la Fiscalía y el tribunal deberán definir viabilidad y alcance de esos acuerdos, que no implican reconocimiento de hechos y que generan controversia pública por su desproporción con los montos investigados.
La Composición del tribunal y las reglas del juego
El TOF 7 está integrado —según registros del Poder Judicial y coberturas recientes— por los jueces Germán A. Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. En julio, el tribunal convocó a las partes a la audiencia preliminar (24/9) para limitar testigos y ordenar la prueba del megajuicio.
El proceso tramitará bajo publicidad y con posibilidades de conexidad con causas derivadas (cartelización vial, rutas del dinero, etc.). El Ministerio Público Fiscal llevará la acusación, con apoyo del requerimiento de elevación a juicio ya presentado.
La situación penal de Cristina Fernández de Kirchner
Más allá de Cuadernos, el contexto judicial de CFK quedó redefinido el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema dejó firme la condena en Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua, lo que derivó —el 17 de junio— en una prisión domiciliaria dispuesta por el TOF 2 con tobillera y reglas de conducta. Ese estatus explica la modalidad remota (Zoom) con la que comparecerá ante el TOF 7.
Qué intentan los imputados con la “Reparación”
En los últimos días, más de treinta empresarios y exfuncionarios promovieron acuerdos de “resarcimiento integral” para evitar el juicio. De prosperar, implican el sobreseimiento sin confesión y el pago de sumas muy inferiores a los montos investigados. La fiscal Fabiana León ya había advertido en 2024 y 2025 sobre retardos y la necesidad de iniciar el megajuicio, y ahora deberá pronunciarse sobre estos pedidos.
Por qué este juicio marca agenda nacional
- Reconfigura responsabilidades: por primera vez, un tribunal dirimirá cara a cara la matriz política-empresaria de las coimas más documentadas de las últimas décadas.
- Impacto económico: si se acreditan retornos del 10-20% y cartelización, el juicio podrá fijar reglas y sanciones que encarezcan el delito y abaraten la obra.
- Efecto sobre la gobernabilidad: según el resultado, alianzas y liderazgos nacionales pueden reordenarse.
- Debate jurídico: acuerdos de “reparación” en corrupción pública tensan el principio de legalidad y el interés estatal en sancionar.
Lo que veremos en sala
- Testigos clave: Carlos Wagner y Ernesto Clarens, por su rol en cartelización y flujo financiero; imputados colaboradores de grandes grupos y contratistas.
- Prueba documental: cuadernos de Centeno, planillas y pericias sobre trazabilidad del dinero. i
- Defensas: intentarán desacreditar los cuadernos y las confesiones, y minimizar el daño real por falta de pericias integrales.
Línea de fondo
Atacar la corrupción estructural exige juicios efectivos, recupero real de activos y señales disuasivas. Si el TOF 7 logra ordenar un debate con centenas de imputados, limitar la prueba y evitar atajos de bajo impacto (resarcimientos simbólicos), la Causa Cuadernos puede cerrar una etapa de impunidad operativa entre la política y los negocios. De lo contrario, quedará la peor conclusión: que la coima fue un costo más, trasladado a la obra pública y pagado por la ciudadanía.
Anexo: Mapa rápido de involucrados relevantes (muestra)
- Político-funcionarios: C. F. de Kirchner; J. De Vido; R. Baratta; J. M. Abal Medina; C. Uberti; J. López; R. Llorens; H. Larraburu; N. Lazarte; J. M. Olazagasti.
- Empresarios/ejecutivos: Á. Calcaterra; J. Sánchez Caballero (IECSA); C. Wagner; E. Pescarmona; A. Roggio; G. Ferreyra; L. Betnaza; H. Zabaleta; J. C. de Goycoechea; A. Loson; N. Otero, entre otros. Varios, arrepentidos.
- Montos de referencia: USD 160–200 millones (estimaciones parciales de sobornos, 2004-2005); USD ≈30 millones (tramo Clarens-López). Propuestas de resarcimiento: USD 30–40 millones.
Debido proceso: todos los acusados mantienen el principio de inocencia hasta sentencia firme. El detalle de los cargos surge de requerimientos fiscales, resoluciones de elevación y coberturas judiciales citadas en esta nota. Cij
