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Buenos Aires, 12 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –Con veinte días de investigación y el secreto de sumario prorrogado hasta el jueves 19 de septiembre, el fiscal Franco Picardi dispuso una nueva tanda de allanamientos simultáneos en la causa por presuntas coimas ligadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la droguería Suizo Argentina. En el marco de esas medidas, la justicia solicitó información al Banco BBVA y detectó una caja de seguridad a nombre del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se habrían hallado USD 80.000. También se requirieron registros de ingresos y egresos de los barrios privados donde residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker —propietarios de Suizo Argentina— y el propio Spagnuolo.
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello denunció penalmente al jefe de sistemas de Suizo Argentina por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, a raíz de maniobras que habrían demorado la entrega de servidores y correos corporativos en operativos previos. La presentación recayó en el juzgado de Julián Ercolini.
La hipótesis que guía la fiscalía describe una posible ruta de sobornos entre funcionarios nacionales y la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS. Según la denuncia judicializada que dio origen al expediente, los hechos encuadrarían en cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e infracciones a la Ley de Ética Pública, y mencionan —entre otros— a Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, los hermanos Kovalivker y a Spagnuolo.
Durante la noche del jueves, el consultor Fernando Cerimedo declaró como testigo ante Picardi. Negó haber grabado o filtrado conversaciones con Spagnuolo, pero señaló que el ex funcionario “le habló de hechos de corrupción” y “de coimas”, en línea —dijeron en sede judicial— con el contenido atribuido a los audios. Tras esa testimonial, la fiscalía profundizó las medidas patrimoniales y bancarias sobre los Kovalivker y Spagnuolo, y reiteró pedidos de documentación financiera cuyo envío aún se aguarda.
El viernes, efectivos de la Policía de la Ciudad solicitaron a los consorcios de los barrios privados donde residen los Kovalivker, Spagnuolo y el ex funcionario Daniel Garbellini los registros de entradas y salidas desde comienzos de 2024. La semana anterior, Picardi había ordenado secuestrar mails y documentación sobre vínculos comerciales y retirar de la ANDIS y de la droguería expedientes de compra de medicamentos para trazar eventuales circuitos de pagos.
La filial informática de Suizo Argentina quedó bajo lupa por su actitud durante los procedimientos. De acuerdo con fuentes del caso, en un operativo del 29 de agosto el responsable de seguridad informática se negó a colaborar pese a conocer los accesos a correos y servidores; cuando fue convocado a declarar como testigo, mantuvo esa negativa. La compañía argumentó que los soportes contienen datos sensibles de pacientes y clientes, y que debía resguardarlos; la justicia replicó que, en calidad de testigo, tenía la obligación de colaborar con las órdenes judiciales.
La causa —aún bajo secreto— avanza con ejes periciales en movimientos de fondos, comunicaciones y trazabilidad de la contratación pública. En las próximas horas, el Ministerio Público Fiscal espera completar los informes bancarios y fiscales ya librados para, luego del 19 de septiembre, definir nuevas medidas o eventuales imputaciones. La atención está puesta en la coherencia entre los dichos, los audios en análisis y los hallazgos documentales y patrimoniales, incluido el efectivo detectado en la caja de seguridad vinculada a Spagnuolo.
