Madrid, 14 septiembre 2025-Total News Agency-TNA-El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado públicamente las protestas propalestinas que han marcado el cierre de La Vuelta a España en Madrid, al afirmar que “el pueblo español se moviliza por causas justas”. Esta declaración, pronunciada durante un mitin de precampaña en Málaga junto a la vicepresidenta María Jesús Montero, ha generado una fuerte reacción de condena por parte de sindicatos policiales, que atribuyen los altercados ocurridos en la etapa final directamente al aliento institucional a tales acciones.
Los incidentes, que involucraron a radicales propalestinos y pusieron a prueba el dispositivo de seguridad policial, han sido calificados de “consecuencia directa de la irresponsabilidad de quienes, desde posiciones de representación pública, han alentado el boicot a un evento deportivo internacional”. Así lo ha denunciado el sindicato Jupol, que elogia la “impecable” labor de los agentes de la Policía Nacional, pero critica el “clima de blanqueamiento” promovido por instituciones y partidos políticos, incluyendo al Gobierno.
Sánchez, que ha situado el conflicto en Gaza como eje central de su discurso electoral, ha aprovechado el acto para anunciar medidas contra Israel, como la revocación de 53.000 viviendas turísticas para convertirlas en alquiler permanente y un decreto de embargo de armas que, aunque simbólico, responde a presiones de socios de izquierda como Sumar y Podemos. Estas iniciativas incluyen la prohibición de tránsito por puertos españoles de barcos con combustibles para las fuerzas israelíes y la denegación de espacio aéreo a aeronaves estatales con material de defensa. El Ejecutivo busca así contentar a sus aliados de cara a las negociaciones presupuestarias, pero ignora las tensiones con aliados europeos en la OTAN.
La postura de Sánchez, que azuza el miedo a la “ultraderecha” del PP y Vox mientras posiciona a España como baluarte contra el “genocidio” israelí, ha sido tildada de “grave irresponsabilidad institucional” por Jupol. El sindicato advierte que promover boicots a eventos deportivos pone en riesgo a deportistas, aficionados y trabajadores, constituyendo un “ataque a la convivencia democrática” y potencial delito. Exigen depurar responsabilidades políticas y garantizar recursos policiales adecuados, sin que la seguridad sea “rehén de intereses políticos”.
Esta instrumentalización del conflicto palestino en la arena interna ha elevado las tensiones, con el Gobierno empeñado en marcar distancias con Tel Aviv a costa de la estabilidad nacional y la neutralidad deportiva.