Jurado absuelve a exfuncionarios por la muerte de Solange Musse y deja un fallo polémico que reabre la herida de la cuarentena por COVID

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –Un jurado popular de Río Cuarto absolvió a José Fernando Andrada (exdirector del Hospital de Huinca Renancó y referente del COE local) y a Analía Morales (trabajadora social del Hospital de Río Cuarto) por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público en el caso Solange Musse, la joven de 35 años que murió de cáncer en agosto de 2020 sin poder despedirse de su padre por las restricciones sanitarias. La decisión —por mayoría en el caso de Andrada y por unanimidad para Morales— provocó la inmediata indignación de la familia y reavivó el debate sobre los excesos y arbitrariedades cometidos durante la cuarentena.

Pablo Musse, padre de Solange, calificó el veredicto como un golpe a la justicia y anunció que apelará. “Confiaba en el jurado popular, parece que no es así”, dijo a la salida de tribunales, sintetizando el clima de desazón que se replicó en redes y medios. La absolución, cinco años después del episodio que conmovió al país, deja sin sanción penal una conducta estatal que, a la luz de los hechos —test rápidos luego confirmados como falsos positivos, un PCR exigido de modo inflexible y un regreso forzado bajo escolta—, vulneró derechos elementales de una familia en trance de despedida. Es, en términos humanos y democráticos, un fallo vergonzoso.

Durante el juicio, el Ministerio Público había requerido penas condicionales y la inhabilitación, pero el jurado optó por absolver, dejando intacta la discusión de fondo: si el Estado puede escudarse en protocolos para negar derechos básicos aun ante situaciones extremas y documentadas, como la carta de Solange —“hasta mi último suspiro tengo mis derechos”— que se volvió símbolo de la resistencia a los excesos de poder en pandemia. La resolución sienta un precedente inquietante: frente a decisiones administrativas que lesionan garantías individuales, la respuesta judicial termina siendo exculpatoria, sin reparación ni mensaje disuasivo hacia futuras emergencias.

A partir de ahora, la pulseada se trasladará a instancias superiores. La defensa de los imputados celebró el veredicto; la familia Musse adelantó que insistirá con recursos para que la Justicia reconozca la violación de derechos y la responsabilidad de los agentes que impidieron el último abrazo. Más allá de la vía penal, persiste una deuda institucional con las víctimas de la cuarentena: establecer límites claros a la discrecionalidad estatal y mecanismos eficaces de rendición de cuentas cuando la burocracia, amparada en protocolos, termina aplastando a las personas.