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Buenos Aires, 17 de septiembre de 2025-Total News Agency-TNA-En un golpe significativo para el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados rechazó hoy con 181 votos a favor y 60 en contra el veto presidencial a la ley que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica, centrada en la crisis del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país. En una votación posterior, con 174 votos afirmativos y 67 negativos, los legisladores también invalidaron el veto a la ley de financiamiento universitario, que busca recomponer presupuestos y salarios en las casas de altos estudios públicas. Ambas decisiones, que alcanzaron la mayoría de dos tercios requerida por la Constitución Nacional, representan un revés para la estrategia de ajuste fiscal del Ejecutivo y ahora pasan al Senado para su ratificación, donde la oposición cuenta con una ventaja similar. Este desarrollo, enmarcado en un contexto de tensiones sociales y políticas, subraya las dificultades del oficialismo para sostener sus vetos en el Congreso tras recientes derrotas electorales y movilizaciones masivas.
El rechazo a estos vetos no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso legislativo impulsado por la oposición multipartidaria, que incluye a Unión por la Patria, el Frente de Todos, la Coalición Cívica y sectores provinciales como Encuentro Federal. La sesión de hoy en Diputados, que comenzó con un quórum ajustado de 132 legisladores y se extendió por varias horas, se desarrolló en medio de una Tercera Marcha Federal convocada por gremios docentes, estudiantes y trabajadores de la salud. Manifestantes se concentraron en la Plaza del Congreso y en plazas de todo el país, exigiendo la defensa de la educación pública y la atención pediátrica de calidad. En el Hospital Garrahan, el personal asistencial y no asistencial, nucleado en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), realizó un paro parcial en solidaridad, mientras universidades como la UBA organizaron tomas simbólicas de facultades y clases públicas en las calles.
La ley de emergencia pediátrica, sancionada originalmente por el Congreso a fines de agosto, declara un estado de crisis por dos años en la salud infantil y las residencias médicas nacionales. Ante la falta de fondos y el deterioro presupuestario, la norma obliga al Ejecutivo a reasignar partidas del Tesoro Nacional para insumos críticos, infraestructura y una recomposición salarial de al menos un 20% para médicos, residentes y personal no asistencial del Garrahan y centros afiliados. El hospital, que atiende anualmente a más de 600.000 pacientes de todo el país, enfrenta una crisis aguda desde el inicio de la gestión de Milei: recortes en medicamentos, demoras en cirugías y una fuga de profesionales debido a salarios por debajo de la línea de pobreza. El veto presidencial, firmado el 4 de septiembre junto con el de la ley universitaria, argumentaba que la medida “compromete el equilibrio fiscal” y representa un “gasto innecesario” en un momento de superávit primario. Sin embargo, críticos del gobierno, como el diputado tucumano Pablo Yedlin, autor del proyecto, destacan que el Garrahan ha salvado miles de vidas infantiles y que su colapso sería un retroceso en derechos humanos básicos.
Por su parte, la ley de financiamiento universitario, aprobada inicialmente en Diputados con 158 votos el 7 de agosto, propone una actualización inmediata de las partidas según la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024, seguida de ajustes bimestrales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El proyecto establece un plan progresivo para elevar el presupuesto educativo al 1% del PBI en 2026 y al 1,5% en 2031, incluyendo fondos específicos para salarios docentes, becas estudiantiles, investigación y mantenimiento de infraestructura. Las universidades públicas, que educan al 80% de los estudiantes superiores en Argentina, han sufrido un recorte del 40% en términos reales desde diciembre de 2023, lo que ha provocado paros docentes, suspensiones de carreras y una merma en la movilidad social ascendente que caracterizaba al sistema. La Federación Universitaria Argentina (FUA) y sindicatos como Conadu y Conaduh han denunciado que sin esta recomposición, el modelo gratuito y laico de educación superior está en riesgo de privatización de facto.
El veto de Milei a esta ley marca la segunda ocasión en que el presidente rechaza una iniciativa similar: en octubre de 2024, una norma análoga fue vetada y ratificada por Diputados con el apoyo de aliados provinciales y sectores radicales afines al oficialismo. En esa oportunidad, el gobierno logró blindar su decisión con un tercio de los votos, evitando la insistencia opositora. Hoy, sin embargo, el panorama es diferente. Las elecciones legislativas en Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una derrota frente al peronismo de Axel Kicillof, debilitaron la posición del Ejecutivo. Gobernadores como Gustavo Sáenz de Salta y otros del NOA y NEA presionaron a sus diputados para votar en contra de los vetos, priorizando la salud y educación en regiones vulnerables. Figuras como el radical Julio Cobos y el peronista Sergio Massa, desde X (antes Twitter), publicaron mensajes de apoyo a la insistencia, enfatizando la defensa de “la esperanza para niños y jóvenes”.
Desde la Casa Rosada, el gobierno articuló una ofensiva de último minuto para torcer voluntades: anunció transferencias de fondos a provincias aliadas y prometió aumentos futuros para el personal del Garrahan. No obstante, estas maniobras no fueron suficientes. El oficialismo, con solo 38 diputados de La Libertad Avanza, sumó algunos apoyos aislados, como el del independiente Ricardo López Murphy, quien criticó la “organización ineficiente” del sistema universitario. Pero la mayoría se inclinó por el rechazo, en un eco del veto a la Emergencia en Discapacidad que el Congreso volteó la semana pasada. Este patrón revela las limitaciones legislativas de Milei, quien asumió en diciembre de 2023 con promesas de “motosierra” al gasto público, pero enfrenta un Congreso donde la oposición controla dos tercios de las bancas.
El impacto de estas leyes, si se ratifican en el Senado el próximo 18 de septiembre, sería profundo. Para el Garrahan, implicaría una inyección inmediata de recursos que podría estabilizar operaciones y retener talento médico, evitando un éxodo que ya ha reducido el plantel en un 15%. En el ámbito universitario, la recomposición salarial beneficiaría a unos 200.000 docentes y no docentes, mientras que las becas y obras de infraestructura revitalizarían un sistema que genera el 5% del PBI y forma profesionales clave para la economía. Economistas independientes, como los consultados por Chequeado, estiman que el costo fiscal de ambas leyes no superaría el 0,5% del presupuesto nacional, cuestionando los argumentos de “desequilibrio” del Ejecutivo.
Sin embargo, el rechazo a los vetos no garantiza su ejecución inmediata. Milei podría recurrir a decretos de necesidad y urgencia (DNU) o reinterpretaciones administrativas para dilatar el cumplimiento, como ocurrió en conflictos previos. Además, el veto pendiente a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias, que establece un reparto automático de fondos, añade tensión: si se rechaza también, profundizaría el quiebre con gobernadores dialoguistas. En este contexto, la sesión del Senado se perfila como el próximo campo de batalla, con la oposición unida en un frente contra el ajuste y el gobierno apostando a fracturas internas para recuperar terreno.
Este episodio ilustra las contradicciones del modelo mileísta: mientras el presidente defiende un superávit fiscal basado en recortes sociales, la sociedad responde con movilizaciones que visibilizan el costo humano de esas políticas. La Marcha Federal de hoy, que reunió a miles en defensa de la educación y la salud, no solo acompañó el debate parlamentario, sino que amplificó un reclamo transversal: la necesidad de priorizar derechos esenciales sobre el equilibrio de cuentas. Si el Senado confirma las insistencias, Milei enfrentará su tercer revés consecutivo en vetos, lo que podría erosionar aún más su capital político en vísperas de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
El Hospital Garrahan, fundado en 1987 como emblema de la salud pública argentina, atiende patologías complejas que ningún otro centro puede manejar, recibiendo pacientes de todo el país y países limítrofes. Su crisis actual, agravada por la inflación galopante y la devaluación, ha llevado a suspensiones de servicios y protestas internas. De igual modo, las universidades públicas, con 60 instituciones y más de 1,5 millones de estudiantes, representan un pilar de inclusión social en un país con altos índices de desigualdad. El financiamiento actual, estancado en torno al 0,7% del PBI, es el más bajo en décadas, según informes de la UNESCO.
En resumen, el rechazo en Diputados marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para Milei, quien ha utilizado los vetos como herramienta principal de su agenda de austeridad, este doble traspié complica su narrativa de control fiscal y expone vulnerabilidades en un Congreso cada vez más hostil. Para la oposición, es una victoria simbólica que fortalece su cohesión y podría inspirar más iniciativas contra el ajuste. Mientras el Senado delibera, la atención se centra en las calles, donde el debate sobre el futuro de la salud y la educación pública continúa con intensidad.
