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Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2025 – Total News Agency-TNA – En las últimas semanas se han difundido rumores y versiones mediáticas que plantean la posibilidad de una asamblea legislativa para reemplazar a Javier Milei como presidente, poniendo como uno de los candidatos posibles a Juan Schiaretti, quien hoy aspira a una banca como diputado nacional. No existen evidencias oficiales ni actos concretos que respalden esa hipótesis. Está bien que la prensa sobre esas versiones, pero de ahí a apoyarlas o militar para que ocurran hay una gran y peligrosa distancia. Milei fue electo para concluir su mandato en 2027 y eso no se debe modificar, bajo ninguna circunstancia. Ya vimos lo que sucedió con Argentina cuando asumió Eduardo Duhalde después del “golpe” al presidente De la Rúa provocado por protestas populares: muerte, caos institucional y groseras vulneraciones democráticas.
Las principales informaciones verificadas hasta ahora señalan que Schiaretti, con todo derecho, ha hecho declaraciones críticas respecto del gobierno de Milei, por ejemplo cuestionando la gestión en asuntos como las patentes, los pasaportes defectuosos y el rumbo económico.
También en actos políticos de Provincias Unidas buscó posicionar su espacio como una opción diferenciada e independiente.
Pero en ninguno de esos casos existe aún declaración de Schiaretti, o de otro dirigente institucional con peso, que proponga explícitamente una modificación del mandato presidencial mediante mecanismos extraordinarios. Cierto es que tampoco realizó declaraciones críticas sobre el supuesto.
Si aparecen algunos “voceros” destemplados del kirchnerismo mencionando esta posibilidad, de forma que parecería buscarse la profecía autocumplida.
El antecedente histórico reciente más doloroso ocurre en diciembre de 2001, cuando la presidencia de Fernando De la Rúa fue forzada a renunciar después de protestas populares en Buenos Aires, incluyendo la provincia de Buenos Aires, manifestaciones sociales, cortes de rutas, saqueos, represión policial y muertes.
Esas jornadas terminaron con 39 muertos en todo el país, cinco de ellos en la Masacre de Plaza de Mayo, represión sin control y un desborde institucional que derivó en la ausencia de diálogo y en un gobierno interino por asamblea legislativa.
Esa experiencia dejó una marca sobre lo que significa alterar un mandato constitucional por presión social: graves consecuencias para los derechos civiles, la convivencia democrática y la responsabilidad institucional.
Modificar el mandato constitucional sin causa legal —como una renuncia voluntaria, incapacidad constatada, vacancia conforme a la Constitución— implicaría provocar una crisis política, institucional y moral. No hay indicios de que esos supuestos legales estén presentes. No hay propuesta formal, ni proyecto de ley ni pronunciamiento legítimo en ese sentido.
La Constitución Nacional exige que el presidente electo complete su mandato hasta 2027, sin atajos ni subterfugios. La especulación política es parte del debate público, pero no puede ni debe convertirse en instrumento de presión institucional o mediática para desestabilizar la voluntad popular o derogar lo decidido en elecciones limpias.
