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Valencia, 19 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –La investigación judicial por la tragedia del 29 de octubre de 2023, cuando una catastrófica dana provocó la muerte de 229 personas en la Comunidad Valenciana, sumó este viernes un testimonio clave. Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), reconoció ante la jueza instructora que conoció a las 18.45 horas el aumento brutal del caudal del barranco del Poyo —que acabó desbordado y causó la mayoría de las muertes—, pero no trasladó la información en la reunión del Cecopi, el órgano de coordinación de la emergencia.
Aviso tardío y foco en la presa de Forata
El barranco ya estaba desbordado en Paiporta y Catarroja cuando el sistema ES-Alert recién se envió a las 20.11 horas, casi hora y media después de que Polo tuviera los datos críticos. Durante su declaración, explicó que centró su intervención en la presa de Forata, cuya situación juzgaba incierta, y defendió que nunca aseguró que la infraestructura fuera a colapsar.
Fuentes judiciales confirmaron que Polo admitió haber recibido la alerta del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que informaba de un caudal de 1.686 metros cúbicos por segundo en el Poyo, en aumento. Sin embargo, justificó que no lo consideró necesario verbalizar en el Cecopi porque los datos estaban disponibles en la web de la CHJ y asumió que la Generalitat ya los conocía.
Contradicciones y reproches
El testimonio del presidente de la CHJ contradice parcialmente otras declaraciones, como la de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que había señalado que la amenaza de la presa de Forata fue el principal motivo del tardío aviso a la población. Polo aseguró que a las 18 horas pidió que se alertara a los vecinos aguas abajo, pero que la consellera de Emergencias, Salomé Pradas —hoy imputada—, se negó a ordenar evacuaciones.
El propio Polo responsabilizó a la Generalitat por la falta de planificación y criticó la ausencia de liderazgo en el Cecopi. Según su relato, el presidente Carlos Mazón asumió el control recién cerca de las 23 horas, cuando la tragedia ya estaba consumada.
Familiares de las víctimas y causa penal en marcha
A la salida de los tribunales de Catarroja, Polo fue increpado por familiares de víctimas, que le exigieron “la verdad” y le reprocharon su silencio durante los once meses posteriores a la catástrofe. “No es agradable venir en estas condiciones, pero no tenemos nada que ocultar”, respondió el funcionario, que declaró como testigo y no como imputado, pese a los pedidos de varias acusaciones.
La jueza ha reiterado que, a su criterio, la Generalitat contaba con suficiente información para actuar, en alusión a las miles de llamadas al 112 que nunca llegaron al Cecopi. La causa sigue abierta por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia, con la lupa puesta en las decisiones políticas y técnicas que retrasaron el aviso a la población.
