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Buenos Aires, 23 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, resolvió un paso llamativo en el proceso de ejecución de la sentencia de la causa Vialidad: antes de avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados, decidió pedir la opinión de Máximo y Florencia Kirchner.
El trasfondo de la medida
La decisión judicial alcanza a 20 propiedades que la ex presidenta transfirió a sus hijos en 2016, cuando ya afrontaba múltiples procesos judiciales. Para la fiscalía, esas cesiones configuran una maniobra para insolventarse y resguardar patrimonio frente a la inminencia de condenas. En su requerimiento, el fiscal Diego Luciani reclamó la inmediata ejecución de esos bienes, sin consultar previamente a los supuestos afectados.
Entre los inmuebles bajo la lupa figuran el hotel Los Sauces Casa Patagónica en El Calafate, un complejo de departamentos en Río Gallegos y varias parcelas de tierra en la Patagonia. La lista completa también incluye activos de Báez: 89 inmuebles distribuidos en Santa Cruz, departamentos y cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, y estancias rurales.
El monto exigido y la resistencia a pagar
En julio, el tribunal había intimado a los condenados a abonar $684.990 millones, suma que debía ser depositada en un plazo de diez días hábiles. Ninguno de los implicados cumplió con esa exigencia. El monto responde directamente al perjuicio económico ocasionado al Estado por la administración fraudulenta desarrollada entre 2003 y 2015, período que coincide con la presidencia de Cristina Kirchner y la asignación irregular de obras viales a Báez.
La posición del Tribunal
Los jueces defendieron la necesidad de garantizar el debido proceso y advirtieron que ejecutar sin dar vista a los involucrados podría invalidar lo actuado. En la resolución, cuestionaron el tono de la fiscalía por sus críticas permanentes y remarcaron que se debe oír tanto a las defensas de los condenados como a los terceros eventualmente afectados, en este caso, los hijos de la ex presidenta.
Un proceso en etapas
El Ministerio Público Fiscal dejó en claro que la lista de propiedades señaladas constituye solo el primer bloque del decomiso, y que el procedimiento continuará sobre otros activos detectados. El ex socio comercial de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, perdería así no solo sus estancias y viviendas, sino también la propiedad en El Calafate donde cumplía arresto domiciliario.
Fuentes consultadas: resolución del Tribunal Oral Federal 2; requerimiento del fiscal Diego Luciani; documentación del Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz.
