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BUENOS AIRES, 25 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó la caducidad de la demanda civil que buscaba que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pagara un resarcimiento de $22.300 millones en el marco de la causa Vialidad. La decisión se adoptó por la inacción de Vialidad Nacional, organismo dependiente del propio Estado, lo que en los hechos permitió que la vicepresidenta en ejercicio de condena penal eludiera esa reparación económica. Hace un par de meses, el Presidente Milei habia ordenado disolver Vialidad Nacional. “Todo tiene que ver con todo”: Cristina Kirchner dixit
Caducidad por inacción procesal
El fallo, con voto dividido de los camaristas Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi, ratificó la resolución de primera instancia del juez Marcelo Bruno Dos Santos, que había declarado la “caducidad de la instancia”. El argumento central fue que Vialidad Nacional no realizó ningún acto procesal entre marzo de 2023 y septiembre de 2024, incumpliendo los seis meses que marca el Código Procesal. Pese a que el organismo intentó justificar la demora, la Cámara concluyó que la falta de impulso era insalvable.
El rol del Estado y la necesidad de investigar
Con esta resolución, el Estado pierde la posibilidad de reclamar judicialmente la millonaria suma, que equivalía al resarcimiento por el perjuicio económico causado en la adjudicación de obras públicas durante el kirchnerismo. Resta establecer si la inacción de los abogados del Gobierno obedeció a una orden política para favorecer a Cristina Kirchner o si se trató de una grave desidia administrativa. En ambos casos, distintas fuentes jurídicas sostienen que corresponde investigar y eventualmente denunciar a los responsables por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El decomiso penal sigue vigente
Es importante señalar que la caducidad afecta únicamente a la demanda civil. En paralelo, se mantiene en curso la ejecución patrimonial de la condena penal que recayó sobre la expresidenta en Comodoro Py, que fija un decomiso por $685.000 millones. Ese proceso sigue activo en el fuero federal y apunta al embargo y liquidación de bienes relacionados con el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Repercusiones y cuestionamientos
La decisión judicial generó fuertes críticas en la oposición, que denunció que el Gobierno dejó escapar la posibilidad de recuperar fondos públicos. Analistas jurídicos remarcaron que un fallo de esta magnitud revela la falta de compromiso de los organismos estatales en impulsar reclamos de relevancia patrimonial y política.
