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Buenos Aires, 28 de septiembre de 2025 – Total News Agency – TNA –Gobernadores de provincias que poseen participaciones en YPF analizan iniciar acciones en la justicia penal de Estados Unidos para investigar a la familia Eskenazi por supuestas maniobras fraudulentas vinculadas con la adquisición de acciones de la empresa. La ofensiva judicial, que hasta ahora no ha sido impulsada por el Estado nacional, busca cuestionar la legalidad del ingreso del grupo local al capital de YPF.
Provincias con intereses accionarios buscan implicar al Departamento de Justicia
Los mandatarios de Mendoza, Chubut y Santa Cruz —Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal— preparan una iniciativa para presentar ante el Departamento de Justicia de EE. UU. una denuncia penal que explore el origen de la operación mediante la cual los Eskenazi adquirieron acciones en YPF.
Se espera que otras provincias involucradas, como Río Negro y Neuquén, puedan sumarse al planteo. El objetivo es que la Justicia penal estadounidense investigue posibles delitos de cuello blanco y, al mismo tiempo, que se suspenda el curso del juicio civil ante los tribunales estadounidenses mientras se sustancia esta nueva vía penal.
Motivos del reclamo y antecedentes
Las provincias reclaman que, durante la privatización del 51 % de YPF, les correspondía una porción de acciones preferentes —Clases A en lugar de Clase B—, algo que finalmente no se concretó. Aunque tienen acciones Clase B residuales, los gobernadores entienden que esa asimetría vulnera sus derechos societarios.
La causa remonta a operaciones iniciadas en 2007 con el grupo Petersen–Eskenazi para adquirir 15 % de acciones de YPF, y a la estatización parcial en 2012 por parte del Estado argentino. En ese proceso, el Estado sería supuestamente el actor que omitió reclamar reparos frente a las condiciones de ingreso accionario de los Eskenazi.
En la actualidad, la causa principal se tramita ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU., donde una jueza dictaminó que el Estado argentino debe enviar acciones a un banco en Nueva York para una eventual ejecución. Ese mandato podría activarse tras una condena contra Argentina y está previsto que las acciones sean un mecanismo de pago.
Riesgos procesales y estrategia de contingencia
Los gobernadores que promueven la medida advierten que hay poco tiempo para actuar, ya que la jueza estadounidense tiene un plazo para decidir sobre la entrega de las acciones. Una denuncia penal podría forzar la suspensión temporal del juicio civil mientras se investigan los eventuales delitos.
La defensa argentina, representada por la Procuración del Tesoro, se opuso a la entrega de acciones, alegando inmunidad soberana y que la ley de expropiación de 2012 exige aprobación especial del Congreso para cualquier transferencia accionaria.
Si prospera la estrategia, varios actores históricos del entramado de YPF desde 2008 podrían quedar expuestos frente al Departamento de Justicia de EE. UU. Según analistas, este paso podría traer consecuencias trascendentales para la estructura corporativa y petrolera del país.
