Buenos Aires, 2 de octubre de 2025 — Total News Agency – TNA –La Argentina atraviesa una etapa decisiva en el litigio por la expropiación del 51 % de YPF, luego de que una sentencia de primera instancia ordenara la entrega de esas acciones a los fondos demandantes. En medio de la apelación en Estados Unidos, el país ha logrado sumar respaldos internacionales y espera que hasta la medianoche nuevos amicus curiae presenten argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
Respaldo extranjero y estrategia legal
Ya se han presentado en apoyo de los argumentos argentinos de “amicus curiae” (amigos del tribunal) países como Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania. Estos gobiernos buscan aportar puntos de vista jurídicos e institucionales para reforzar la defensa del Estado frente a la orden dictada por la jueza Loretta Preska.
Por su parte, el Departamento de Justicia de EE.UU. intervino como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones, respaldando la posición de Argentina respecto de la medida que exige la transferencia de acciones, y argumentando que el fallo de Preska podría afectar relaciones diplomáticas y la inmunidad estatal.
Suspensión y apelación: cronograma del caso
El tribunal de apelaciones norteamericano dictó una suspensión temporal (stay) que impide la ejecución inmediata del fallo de Preska mientras se tramita la apelación. Esa medida concede al Gobierno argentino un margen para presentar sus argumentos de fondo y buscar que la Corte revierta la obligación de entregar las acciones.
Un momento clave será el 29 de octubre, cuando se realice la audiencia oral ante la Corte de Apelaciones. Ese día podría definirse el rumbo definitivo del caso, aunque es probable que la resolución no sea inmediata y se extienda hasta el primer semestre de 2026. A su vez, los demandantes tienen como plazo el 14 de noviembre para presentar sus alegatos escritos, tras lo cual Argentina podrá presentar sus réplicas hasta el 12 de diciembre.
Riesgos y escenarios futuros
De prosperar el fallo adverso, la Argentina podría verse obligada a entregar su participación mayoritaria en YPF, perdiendo no solo control económico sino una pieza clave de su matriz energética. Pero incluso en caso de victoria en esta instancia, es probable que la causa termine ante la Corte Suprema de EE. UU., donde jueces designados por presidentes republicanos dominan el banco judicial.
La estrategia oficial parece diseñada para sostener la batalla legal, reforzada por apoyos diplomáticos, apelaciones técnicas y argumentos de soberanía. No obstante, el margen de maniobra es estrecho y el error puede costar más que un juicio: un golpe estructural al activo estratégico más importante del país.
