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Buenos Aires, 13 de octubre de 2025 – Total News Agency – TNA –El avance del crimen organizado sobre las barras bravas del fútbol argentino dejó de ser un fenómeno marginal para transformarse en un problema estructural que atraviesa la política, el deporte y la seguridad. En distintos puntos del país —particularmente en el conurbano bonaerense y Rosario—, jefes de hinchadas, dirigentes políticos y organizaciones narco conforman un entramado de poder que amenaza con tomar el control de los clubes y convertirlos en plataformas de lavado y expansión territorial.
De la violencia al poder institucional
Los barrabravas, que surgieron como grupos violentos asociados a la identidad futbolera, pasaron a ser actores con peso institucional y económico dentro de las entidades deportivas. Controlan negocios paralelos —venta ilegal de entradas, merchandising no oficial, estacionamientos, seguridad privada y hasta transferencias de jugadores— y funcionan como brazos operativos de sectores políticos y sindicales.
El politólogo uruguayo Juan Pablo Luna, autor de Democracia muerta, advierte que “los clubes de fútbol se transformaron en plataformas de legitimación social y financiera del crimen organizado”, señalando que las barras “ya no solo reproducen violencia, sino poder económico y control territorial”.
La relación política: de los gobiernos al crimen
Durante los años kirchneristas, las barras recibieron respaldo político y recursos públicos. El caso más emblemático fue el programa Hinchadas Unidas Argentinas (HUA), impulsado en 2010 bajo el ala del entonces secretario de Deportes Claudio Morresi y apadrinado políticamente por Aníbal Fernández, por entonces ministro del Interior.
La iniciativa —presentada como un proyecto de “inclusión y convivencia”— fue celebrada públicamente por Cristina Fernández de Kirchner, quien incluso posó en actos junto a los organizadores del programa. Pero lejos de integrar, HUA se convirtió en una estructura de coordinación entre jefes de barras de los principales clubes del país, incluyendo las de Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo, Rosario Central y Newell’s.
Aquel grupo recibió financiamiento estatal para viajar al Mundial de Sudáfrica 2010 y se transformó en un laboratorio de connivencia política y criminal, donde convergían dirigentes partidarios, punteros barriales y narcos que utilizaban el fútbol como pantalla de negocios. Muchos de los líderes de HUA —como los de las barras de Boca y River— terminaron vinculados a causas por narcotráfico, lavado de activos y extorsión.
Rosario y el conurbano: epicentros de la violencia narco
En la actualidad, el fenómeno se agudizó. En Rosario, las bandas ligadas a Los Monos y Esteban Alvarado controlan desde hace años sectores de las tribunas de Newell’s y Rosario Central. En los últimos meses, las fuerzas federales ejecutaron más de 110 allanamientos que derivaron en la detención de Alejandro “Zapa” Vallejos, jefe de la barra de Newell’s, y José “Yiyo” Medrano, líder de la barra de Coronel Aguirre y empleado municipal de Villa Gobernador Gálvez. Ambos integraban redes narco vinculadas al lavado de dinero y al tráfico de cocaína a través de la Hidrovía.
En el conurbano bonaerense, el caso de Gabriel Aranda, expresidente del Concejo Deliberante de La Matanza y dirigente de los clubes Deportivo Laferrere y Estrella Roja, expone el nexo entre política, barras y narcotráfico. Aranda fue detenido por sus vínculos con Federico Schorh, jefe de la barra de Laferrere y uno de los narcos más pesados del distrito.
La impunidad judicial y el vacío del Estado
El avance del narcotráfico sobre los clubes no habría sido posible sin la complicidad judicial y política. La fiscal María Belén Casal Gatto, procesada por encubrimiento agravado, es señalada como una de las funcionarias que permitió la excarcelación de “Chaki Chan” Guimil, otro narco vinculado al entramado futbolístico.
En Rosario, la aplicación de la Ley Antimafia, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional en julio, busca por primera vez desarticular las estructuras delictivas de las hinchadas, pero los resultados iniciales son incipientes. Las mismas redes siguen operando con conexiones carcelarias y protección institucional.
Conclusión: una estructura criminal con raíces políticas
Las barras argentinas dejaron de ser simples animadores de tribunas para transformarse en estructuras criminales mixtas, con financiamiento político, vínculos con el narcotráfico y presencia dentro de las instituciones del fútbol. La herencia de Hinchadas Unidas y la falta de una política integral de seguridad deportiva consolidaron un fenómeno que hoy amenaza con convertir los clubes en bases de operaciones del crimen organizado.
La desarticulación de este entramado requerirá más que operativos policiales: exigirá una ruptura política con el sistema de favores y complicidades que durante años protegió a estas mafias desde el poder.
Fuentes consultadas: Infobae, Clarín, La Nación, El País, Perfil, Argentina.gob.ar, archivo HUA, informes judiciales del Ministerio de Seguridad y fuentes propias de TNA.
