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Buenos Aires, 2 de diciembre de 2025 – Total News Agency-TNA-Una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) destapó un presunto esquema de fraude licitatorio, colusión empresarial y omisión agravada de deberes funcionales en el Ministerio de Defensa y en el Estado Mayor Conjunto, vinculado a la venta del edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) y al posterior proceso de contratación para reubicar la infraestructura crítica destinada a la defensa digital de la Nación.
El expediente cuestionado —Licitación 72-0001-CPU25, expediente EX-2025-92632130-APN-DGAYF#EMCO— tenía como objeto el “Proyecto de Incremento de Capacidades de Ciberdefensa”. La apertura de ofertas se realizó el 14 de octubre de 2025. Según la presentación, lejos de tratarse de una simple irregularidad administrativa, el caso exhibe una arquitectura de manipulación deliberada destinada a asegurar la adjudicación a empresas preseleccionadas.
Lo más grave: el presunto direccionamiento habría puesto en riesgo la seguridad nacional, afectando la continuidad operativa del escudo digital del país.
1. La maniobra madre: crear una “urgencia artificial” para evadir controles
La denuncia sostiene que el presunto fraude se gestó en dos etapas:
a) Venta irregular del inmueble del CCCD en Puerto Madero
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) vendió la sede —una infraestructura crítica— por USD 34 millones al “Fideicomiso Inmobiliario Madero 6”.
El contrato obligaba a desocupar el edificio en 12 meses, a pesar de que la construcción y adecuación de un nuevo centro de ciberdefensa exige mínimo 24 meses.
Es decir: el Estado creó una crisis de plazos imposible de cumplir.
b) Uso de la urgencia creada para manipular la licitación
Según la denuncia, la falta de planificación estratégica no fue accidental:
permitió justificar procesos acelerados, opacos y con restricciones normativas, orientados a favorecer empresas previamente seleccionadas.
Durante la gestión Petri hubo diferentes hackeos a bases de datos del Ejército que supuestamente ponían en peligro información sensible. ¿Casual?
2. Cómo se direccionó la licitación: secreto militar, pliegos restrictivos y barreras ilegales
El pliego del proceso licitatorio incorporó una serie de mecanismos que, según el análisis forense, anularon cualquier posibilidad de competencia real.
2.1. “Secreto Militar”: una barrera perfecta para excluir oferentes
La Resolución RESOL-2025-447-APN-MD declaró “Secreto Militar” los Anexos 1 al 7 de la especificación técnica.
Este mecanismo, que debería proteger infraestructura crítica, fue —según la denuncia— utilizado como velo para ocultar un pliego redactado a medida de dos empresas:
Informes Eximer SA:
- EMIXER S.A. CUIT 30-708335793-Dedicada a la venta de equipos periféricos de oficina. (PC, monitores y programas). importa de China, su situación ante el BCR es 1. Posee domicilio en Rosario. Catalogada como pequeña Pyme.
- Servicios Críticos Tesla S.R.L. CUIT 30-713391804- En Junio su situación ante el BCRA era 2, con una deuda de mas de 50 millones de pesos. Sus titulares son Darío Lucian Morandini y Sebastián Gauna Otero. Posee domicilio en CABA.
Ambas aparecen como presuntas beneficiarias y eventuales partícipes de la redacción del pliego. La situación ante AFIP no concordaría con empresas que pueden obtener contratos bajo secreto militar con el estado por más de 20 millones de dólares. Ambas pequeñas Pyme.
La evidencia más fuerte provino de las mismas ofertas:
En la presentación de EMIXER figura en forma explícita:
“según sobre presentado por propuesta secreta”.
2.2. Eliminación total de consultas públicas
El pliego prohibió realizar preguntas técnicas por COMPR.AR y exigió que fueran entregadas en sobre cerrado, retiradas presencialmente en el CCCD.
Esto impidió trazabilidad y eliminó la transparencia.
2.3. Restricción del derecho de vista durante la evaluación
La cláusula Cuarta restringió el acceso al expediente justo en la etapa decisiva: la evaluación técnica y económica.
Esto permitió —según la denuncia— direccionar la adjudicación sin control externo.
3. Las empresas presuntamente beneficiadas
SERVICIOS CRÍTICOS TESLA S.R.L.
Fue la única oferente en el Renglón 1, el componente que representa el 90% del costo total del proyecto.
Sus propuestas oscilaron entre:
- USD 15.960.000
- USD 13.725.600
- USD 13.246.800
Al no haber competencia, la empresa pudo fijar precios sin referencia de mercado.
EMIXER S.A.
Presentó ofertas que evidencian conocimiento previo de documentación clasificada.
Además, propuso modalidades de “pago anticipado”, compatibles con un esquema de front-loading, típico en fraudes con sobreprecios.
4. Las responsabilidades funcionales: una cadena de omisiones agravadas
La denuncia señala a funcionarios de alto rango cuya actuación (u omisión) habría sido indispensable para que el esquema prosperara en el ámbito del Ministerio de Defensa bajo la gestión del ministro Luis Petri
Marcelo Alejandro Rozas Garay
Secretario de Estrategia y Asuntos Militares.
Responsable de planificación estratégica y supervisión del área.
Presunta omisión en:
- Control funcional de la Subsecretaría de Ciberdefensa
- Advertencia sobre inviabilidad temporal
- Protección del activo estratégico
Ernesto Claudio Balloffet
A cargo de la Subsecretaría de Ciberdefensa.
Presunta omisión del dictamen técnico obligatorio, indispensable para iniciar el proyecto.
Brigadier General Xavier Julián Isaac
Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Se le atribuye:
- Validar una justificación “ficticia” para avanzar sin dictamen
- Autorizar la licitación con vicios de origen
- Designar como fiscalizadores a funcionarios que habían redactado los pliegos
General de Brigada Luis Pablo Guimpel
Comandante del CCCD.
Presunta omisión en:
- Elaborar un Informe Circunstanciado completo
- Detener la licitación hasta contar con dictamen técnico
- Proponer a los redactores del pliego como miembros de la Comisión de Recepción
Comodoro Mayor Gustavo Horacio Krasñanski
Director General de Asuntos Jurídicos del EMCO.
Avaló jurídicamente el proceso sin advertir anomalías sustanciales, según la denuncia.
Miembros de la Comisión de Recepción señalados en la maniobra
- Sergio Ezequiel Sepetich, Capitán de Fragata
- Rubén Darío Moreira, Mayor
Ambos habían cofirmado las especificaciones técnicas que luego debían fiscalizar.
Para la denuncia, esto constituye un conflicto de interés directo y un mecanismo para asegurar la aprobación final del proyecto sin observaciones.
5. El daño económico y estratégico para la Nación
Daño económico
La ausencia de competencia permitió —según la denuncia— un sobreprecio millonario.
La exclusividad de Tesla en el renglón principal revela direccionamiento explícito.
Daño a la seguridad nacional
La deficiente planificación del traslado podría:
- Exponer infraestructura crítica
- Interrumpir servicios de protección digital
- Debilitar la capacidad estatal de prevenir ciberataques
- Comprometer información clasificada declarada “Secreto Militar”
Se trataría, según los denunciantes, de un caso de corrupción que compromete la defensa nacional en su nivel más sensible.
6. La denuncia solicita una investigación inmediata
Se pide investigar por presunta negligencia grave, omisión de deberes y fraude en perjuicio de la Administración Pública a:
- Marcelo Alejandro Rozas Garay
- Ernesto Claudio Balloffet
- Xavier Julián Isaac
- Luis Pablo Guimpel
- Gustavo Horacio Krasñanski
- Sergio Ezequiel Sepetich
- Rubén Darío Moreira
También se solicita exigir documentación societaria de:
- EMIXER S.A.
- Servicios Críticos Tesla S.R.L.
Para determinar vínculos entre oferentes, colusión y eventuales sobreprecios.
Conclusión TNA
La denuncia por el caso Ciberdefensa expone un presunto fraude altamente sofisticado, estructurado sobre:
- desinversión estratégica del Estado,
- planificación deficiente inducida,
- uso abusivo del secreto militar,
- barreras ilegales a la competencia,
- colusión empresaria,
- omisiones funcionales en cadena,
- y un potencial perjuicio económico multimillonario.
Pero lo más grave no es el dinero:
es el riesgo directo para la soberanía digital del país.
La PIA ya tiene en sus manos una denuncia que —si se verifica— podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más serios en materia de defensa desde el retorno democrático.
